Madrid, España.— La crisis migratoria que comenzó con la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta a finales de julio continúa generando presión sobre las autoridades españolas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este martes que 6.791 migrantes han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto, mientras otros 318 han sido expulsados de la ciudad autónoma.
El ritmo de retornos se aceleró durante los últimos días. De acuerdo con las cifras presentadas por Torres, 1.309 personas regresaron a Marruecos durante la última semana, mientras que solamente el lunes fueron 222. El Gobierno vincula este incremento con la agilización de los procedimientos de identificación y triaje de los migrantes adultos que permanecen en Ceuta.
El procedimiento comienza con la identificación mediante huellas y una entrevista, con apoyo de intérpretes, para determinar las circunstancias de cada persona y si solicita protección internacional. El Gobierno español informó que ya se han realizado 2.546 triajes de adultos y que, de los 100 efectuados el lunes, 74 personas manifestaron solicitar protección internacional, mientras que 26 no la pidieron y quedaron vinculadas a expedientes de devolución.
La situación de los menores no acompañados representa otro de los principales desafíos para las autoridades. Torres cifró en 2.321 los menores que ya han sido filiados, casi 300 más que la semana anterior, aunque las estimaciones oficiales indican que todavía entre 500 y 700 podrían permanecer en las calles de Ceuta sin estar incorporados a los recursos de protección.
El Gobierno español sostiene que la solución para los menores pasa, cuando no sea posible la reunificación familiar, por su traslado a otras comunidades autónomas. Sin embargo, la gestión de estos menores ha generado un enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y las autoridades de Ceuta, mientras continúa el debate sobre quién debe asumir su acogida y bajo qué condiciones.
La dimensión de la emergencia se refleja también en la capacidad de acogida. Según Torres, más de 6.000 personas han utilizado ya las instalaciones habilitadas en Ceuta, mientras las autoridades trabajan en nuevos espacios para evitar que los migrantes permanezcan en calles y playas. El Ejecutivo anunció además medidas específicas para atender a mujeres migrantes, consideradas dentro de los grupos vulnerables, y señaló que unas 730 niñas se encuentran actualmente en recursos de acogida.
La crisis volvió a evidenciarse el pasado 18 de septiembre, cuando la Policía española desplegó un operativo para desalojar a migrantes que permanecían en las playas de Ceuta y trasladar a parte de ellos hacia instalaciones temporales. Reuters reportó que miles de personas continuaban en la ciudad y que organizaciones humanitarias cuestionaban la capacidad de los recursos disponibles para atenderlas.
Mientras continúan los retornos y los procesos de identificación, el Gobierno español mantiene abierta la gestión de los menores y de las solicitudes de protección internacional. La Moncloa también ha publicado informes y comunicaciones oficiales correspondientes a los acontecimientos de julio, incluidos documentos de la Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y organismos de inteligencia, como parte del compromiso de transparentar la información disponible durante la crisis.
