Tegucigalpa, Francisco Morazán | Martes 22 de septiembre de 2026.— El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor, a quien atribuye, en calidad de presunto autor directo, el delito de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República. La acusación fue presentada por la Unidad Especial Contra los Delitos Electorales ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

El expediente se remonta al 7 de julio de 2025, cuando una comisión especial de contrataciones y adquisiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encontraba recibiendo las ofertas de las empresas interesadas en la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales. El CNE había establecido previamente un procedimiento especial para contratar ese sistema.

De acuerdo con la investigación fiscal, Cevallos Umanzor habría dirigido y encabezado a un grupo de simpatizantes que se manifestó contra los lineamientos establecidos para la adjudicación del TREP. El Ministerio Público sostiene que las movilizaciones terminaron obstaculizando la recepción de las propuestas, afectando una actividad vinculada con la organización de los comicios generales de noviembre de 2025.

La Fiscalía considera que las acciones investigadas trascendieron una protesta política y tuvieron incidencia sobre un procedimiento electoral específico. Según el requerimiento, la interrupción de la recepción de ofertas habría generado un riesgo para la implementación del mecanismo destinado a transmitir los resultados preliminares de las elecciones, razón por la cual el caso fue llevado al ámbito penal electoral.

El proceso también tiene como antecedente la tensión registrada durante 2025 alrededor del funcionamiento del CNE y de la contratación del TREP. Documentos oficiales del organismo electoral muestran que el proceso CNE-PEG-UCCE-001-2025 fue creado para la implementación del sistema de transmisión de resultados, escrutinio general y divulgación de resultados de las elecciones generales de ese año.

La acusación ocurre horas después de que agentes del Departamento de Operaciones Especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaran una orden de captura contra Cevallos en el barrio El Bosque de Tegucigalpa. Medios hondureños reportaron que posteriormente fue trasladado al Juzgado de Letras Penal de La Granja para continuar con las diligencias judiciales.

Cevallos es identificado en diversos reportes periodísticos como dirigente vinculado a los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), y tuvo participación política durante el proceso electoral de 2025. No obstante, el señalamiento formulado por el Ministerio Público constituye una acusación que deberá ser sometida al contradictorio judicial; la presentación de un requerimiento fiscal no equivale a una condena y corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal a partir de las pruebas y argumentos de las partes.

Con la presentación del requerimiento, el caso entra en una nueva etapa ante la justicia hondureña. El Ministerio Público afirmó que continuará la investigación y persecución de hechos que puedan constituir delitos contra el proceso electoral, mientras la defensa de Cevallos tendrá la oportunidad de controvertir los señalamientos formulados por la Fiscalía durante las actuaciones judiciales correspondientes.