WASHINGTON.— La política de máxima presión de Estados Unidos sobre Cuba sumó este jueves un nuevo capítulo con la imposición de sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años y nieto del expresidente cubano Raúl Castro, así como contra cinco entidades estatales consideradas estratégicas para la economía de la isla. La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado y acompañada por la actualización de las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Más allá de la figura de la familia Castro, la medida alcanza directamente canales financieros y sectores productivos cubanos. Entre los nuevos objetivos aparece el Banco Exterior de Cuba, además de empresas relacionadas con el comercio de combustibles, el abastecimiento de la industria petrolera y la explotación y suministro para la minería del níquel y el cobalto.

En el caso de Fidel Ernesto Castro Calis, Washington fundamentó su designación en su vínculo familiar con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura relacionada con los servicios de inteligencia cubanos. El Departamento de Estado indicó que el joven fue sancionado como familiar adulto de una persona previamente incluida bajo las disposiciones de la Orden Ejecutiva 14404.

La ofensiva también incorpora al Banco Exterior de Cuba, institución financiera estatal con sede en La Habana. Su inclusión en la lista de sancionados supone nuevas restricciones para cualquier operación sujeta a la jurisdicción estadounidense y profundiza el aislamiento financiero de entidades vinculadas al aparato económico cubano.

El paquete comprende además a Comercial Cupet S.A., relacionada con operaciones de comercio de combustibles, y a ABAPET, empresa dedicada al abastecimiento e importación para el sector petrolero. Ambas forman parte de las estructuras estatales que Washington considera relevantes para el funcionamiento energético de la isla.

El sector minero tampoco quedó fuera. Estados Unidos incorporó a Nicarotec, la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, y a CEXNI, la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel. Las dos están vinculadas con actividades y suministros relacionados con la minería cubana, particularmente en torno al níquel y el cobalto.

Para la Administración Trump, el objetivo no se limita a castigar individualmente a integrantes de la élite cubana, sino a dificultar las fuentes de financiamiento y abastecimiento que mantienen en funcionamiento sectores considerados estratégicos. Marco Rubio sostuvo que las nuevas designaciones forman parte de la visión de Washington de avanzar hacia una “Cuba libre” y acusó a las autoridades de La Habana de concentrar recursos en beneficio de una élite.

El marco legal utilizado por Washington se encuentra en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026. Esta disposición amplió las posibilidades de imponer sanciones contra personas y entidades vinculadas con sectores como energía, minería, servicios financieros y seguridad, además de quienes sean considerados colaboradores o beneficiarios del aparato estatal cubano.

Las consecuencias financieras son significativas para los designados. En términos generales, las propiedades y participaciones que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueadas, mientras que las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los sancionados, salvo que exista una autorización específica.

La nueva ronda llega en un momento especialmente delicado para la economía cubana. Reuters reportó que las restricciones estadounidenses sobre el acceso de Cuba al petróleo han agravado las dificultades de una red eléctrica envejecida, provocando apagones y afectando el transporte, los servicios esenciales y la actividad económica. Naciones Unidas, según el mismo reporte, ha advertido sobre el riesgo de una crisis humanitaria.

La presión de Washington se produce, además, mientras La Habana intenta introducir cambios para atraer inversión y reducir obstáculos a la actividad privada. Reuters informó este jueves que Cuba ha aprobado nuevas reglas destinadas a facilitar inversiones extranjeras, operaciones comerciales y actividades vinculadas al turismo, en medio de una crisis económica cada vez más profunda.

El conflicto entre ambos gobiernos también mantiene una dimensión geopolítica que trasciende las sanciones económicas. La estrategia de Trump hacia Cuba se ha endurecido después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026, un acontecimiento que modificó el escenario regional y que posteriormente fue seguido por una mayor presión estadounidense sobre el sector energético cubano. La Habana, por su parte, rechaza las acusaciones de Washington y sostiene que el futuro político de Cuba debe ser decidido por los propios cubanos, mientras denuncia que la presión estadounidense busca provocar un cambio de régimen.