NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. — Una nueva batalla judicial se abre en el proceso contra Nicolás Maduro luego de que sus abogados solicitaran a un tribunal federal de Nueva York que desestime los cargos de narcotráfico formulados en su contra, al sostener que el exgobernante venezolano está protegido por la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado.

La defensa presentó un escrito de 17 páginas ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, en el que sostiene que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para procesar a Maduro por hechos que, según sus abogados, estuvieron relacionados con sus funciones oficiales como presidente de Venezuela. La audiencia para discutir la petición está prevista para el 17 de noviembre de 2026.

El argumento central de la defensa parte del derecho internacional y de la protección que tradicionalmente reciben los jefes de Estado frente a procesos penales en jurisdicciones extranjeras. El equipo encabezado por el abogado Barry Pollack sostiene que esa inmunidad no puede ser retirada unilateralmente por Estados Unidos y que correspondería a Venezuela decidir si renuncia a ella. Maduro, además, mantiene que continúa siendo reconocido como presidente dentro de su país.

Sin embargo, el planteamiento enfrenta un obstáculo fundamental: Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en 2019, después de cuestionar la legitimidad de las elecciones venezolanas. Ese antecedente podría convertirse en uno de los principales puntos de discusión para determinar si la protección jurídica invocada por la defensa resulta aplicable en los tribunales estadounidenses.

El proceso tiene además un antecedente penal de larga data. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a otros funcionarios venezolanos de participar en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, alegando que utilizaron estructuras vinculadas al aparato estatal venezolano para facilitar el movimiento de drogas hacia territorio estadounidense. El expediente quedó asignado al juez Hellerstein.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante una operación militar realizada en Caracas el 3 de enero de 2026 y posteriormente trasladados a Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes. Flores presentó por separado una moción en la que también argumenta que la inmunidad constituye un atributo de la soberanía venezolana y que solamente Venezuela podría renunciar a ella.

Si el juez rechaza las solicitudes de los acusados, el proceso avanzaría hacia un juicio cuya fecha está fijada para el 1 de junio de 2027. Maduro podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua si fuera declarado culpable de los cargos de conspiración para importar cocaína, aunque cualquier sentencia dependería de la resolución judicial y de los cargos finalmente sometidos a juicio.

El caso trasciende así la acusación por narcotráfico y se convierte en un desafío jurídico sobre los límites de la inmunidad de los gobernantes extranjeros. La defensa busca establecer que el estatus presidencial de Maduro impide el proceso, mientras que la posición estadounidense y precedentes judiciales anteriores podrían dificultar esa estrategia. El juez Hellerstein deberá ahora determinar si los argumentos de inmunidad son suficientes para cerrar el expediente antes de que llegue a juicio.