La Administración de Donald Trump confirmó este martes que el acuerdo alcanzado con las autoridades interinas de Venezuela contempla concesiones de 100 años para North American Blue Energy Partners (NABEP) sobre 17 campos petroleros que, según Washington, contienen unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas. La cifra representa aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas y convierte el convenio en una de las operaciones energéticas más ambiciosas y controvertidas de la actual política estadounidense hacia Caracas.
El componente estadounidense del pacto también va mucho más allá de una simple relación comercial. De acuerdo con la Casa Blanca, el Departamento de Defensa tendrá derecho a adquirir 35 % de la empresa matriz de NABEP, mientras el Departamento de Estado contará con la posibilidad de comprar el 20 % del petróleo producido a precio de costo. Washington también tendrá importantes facultades de gobierno corporativo, incluido el derecho de veto sobre determinados nombramientos en la junta directiva, según los detalles difundidos sobre el acuerdo.
NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, asegura que ya se ha convertido en el segundo mayor productor privado de crudo de Venezuela, después de haber elevado su producción desde unos 18.000 barriles diarios hasta más de 200.000 mediante inversiones cercanas a 1.000 millones de dólares, según información divulgada por la propia compañía. Su nuevo objetivo es superar el millón de barriles diarios y ampliar sus operaciones tanto en el Lago de Maracaibo como en la Faja Petrolífera del Orinoco.
El plan financiero anunciado contempla cerca de 100.000 millones de dólares de inversión para recuperar infraestructura petrolera y gasífera y aumentar la capacidad productiva. NABEP calcula además que el programa podría generar más de 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado venezolano. La empresa sostiene que el proyecto permitirá incorporar millones de barriles adicionales al mercado internacional, crear empleos en Venezuela y garantizar a Estados Unidos un suministro energético considerado estratégico.
Sin embargo, el acuerdo llega acompañado de interrogantes sobre su alcance, duración y marco jurídico. Mientras Washington y NABEP lo presentan como una herramienta para reconstruir la industria venezolana y contribuir a reducir los precios de los combustibles estadounidenses, analistas y sectores opositores han cuestionado la concentración de derechos sobre una parte sustancial de las reservas venezolanas y las condiciones bajo las cuales se otorgaron. Reuters reportó además que grandes compañías petroleras han expresado preocupación por las incertidumbres legales y por la posibilidad de que la participación directa del Gobierno estadounidense complique la entrada de otros grandes productores.
La controversia aumenta por una diferencia significativa sobre la duración del convenio: mientras la Casa Blanca habla de concesiones de 100 años para los 17 campos, Delcy Rodríguez afirmó el pasado fin de semana que el acuerdo energético con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y proyectó una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. En este escenario, el pacto se convierte también en una prueba para la nueva relación entre Washington y Caracas, después de la salida de Nicolás Maduro del poder, y reabre el debate sobre si la estrategia estadounidense busca realmente una transición democrática o prioriza el control y acceso a los recursos energéticos venezolanos.
