La emergencia por sequía llevó este martes al Gobierno hondureño a sentar en una misma mesa a autoridades nacionales, municipales y representantes de la cooperación internacional, con el objetivo de acelerar la respuesta humanitaria y buscar soluciones de mayor alcance para la crisis hídrica. La reunión se desarrolló en Casa Presidencial y fue encabezada por el presidente Nasry Asfura, junto con integrantes de su gabinete y del Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía.
Uno de los principales anuncios surgidos del encuentro fue la gestión de aproximadamente 182 millones de dólares para fortalecer el abastecimiento de agua en Tegucigalpa y financiar diferentes acciones de emergencia. La propuesta incluye un proyecto de alrededor de US$150 millones, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), cuya negociación se encuentra en una etapa avanzada.
El escenario nacional que motivó estas gestiones se ha deteriorado durante las últimas semanas. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a 103 los municipios en Alerta Roja, mientras otros 82 permanecen en Amarilla y 48 en Verde, para un total de 233 municipios bajo algún nivel de vigilancia por los efectos de la sequía asociada al fenómeno de El Niño.
La falta de precipitaciones no solamente compromete las fuentes destinadas al consumo humano, sino también la producción agropecuaria. Según los reportes oficiales citados por medios nacionales, el retraso de la temporada lluviosa ha provocado déficits acumulados de entre 100 y 200 milímetros de precipitación, con condiciones más cálidas y secas de lo habitual.
Frente a este panorama, Copeco estructuró la respuesta gubernamental alrededor de cuatro áreas prioritarias: seguridad alimentaria, producción, acceso al agua y salud. El ministro Reinaldo Sánchez explicó que la primera línea de atención consiste en acelerar la distribución de alimentos entre las familias de los municipios más afectados, mientras se busca ampliar la cobertura territorial de la ayuda.
En el sector productivo, la estrategia contempla asistencia para pequeños ganaderos que todavía conservan animales y enfrentan dificultades para conseguir alimento. El Gobierno también ha venido impulsando medidas para proteger la producción agrícola, incluyendo reservorios, perforación de pozos, bombas solares y sistemas de riego; previamente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería había anunciado una inversión de 180 millones de lempiras para ese tipo de infraestructura.
El agua constituye, sin embargo, uno de los frentes más delicados. El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) recibió instrucciones para perforar nuevos pozos, rehabilitar fuentes abandonadas y explorar alternativas de abastecimiento en las comunidades donde la escasez ha alcanzado niveles críticos. La prioridad es aumentar la disponibilidad de agua tanto para consumo humano como para las actividades productivas.
En Tegucigalpa, la problemática adquiere una dimensión adicional debido al deterioro de la infraestructura. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, señaló que el sistema de distribución es obsoleto y estimó que alrededor del 40 % del agua procedente de La Concepción y Los Laureles se pierde antes de llegar a los usuarios. La capital ya había sido colocada en Alerta Roja por el deterioro de sus condiciones hídricas y la reducción de las reservas de sus principales embalses.
El proyecto de mayor dimensión pretende precisamente atacar parte de esas deficiencias estructurales. Los aproximadamente US$150 millones del BID y JICA serían destinados a un programa para fortalecer el sistema de agua potable de la capital, y, de acuerdo con lo informado por Zelaya, la operación se encuentra en fase de negociación con la expectativa de ser presentada al directorio del BID el 30 de septiembre.
A ese monto se sumaría una segunda bolsa de US$32 millones a través del BID, orientada a medidas de respuesta más inmediata. Entre las acciones previstas figuran la perforación de pozos, adquisición de cisternas y ejecución de diferentes proyectos para enfrentar la emergencia, bajo responsabilidad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. En conjunto, ambas operaciones elevan la cifra anunciada a unos US$182 millones.
La cooperación internacional también se perfila como un componente fundamental de la respuesta. Zelaya informó sobre el interés del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos en apoyar las acciones humanitarias, mientras que el Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos ya participan en la asistencia. Según las autoridades capitalinas, esos esfuerzos han permitido llegar hasta ahora a unas 4,000 personas en el Distrito Central.
Desde Naciones Unidas, el coordinador residente Alejandro Álvarez destacó que la información utilizada para determinar las prioridades procede de evaluaciones realizadas en los territorios afectados y permite identificar a las familias con mayores necesidades en alimentación, salud y agricultura de subsistencia. El desafío inmediato, según el Gobierno, será cerrar las brechas de atención, acelerar la ayuda y convertir la cooperación anunciada en proyectos concretos que permitan enfrentar tanto la emergencia actual como la vulnerabilidad hídrica de Honduras.
