TEGUCIGALPA. Honduras se encamina a lo que para muchos es una situación de dimensiones apocalípticas, aunque para algunos expertos en cambio climático lo que sí existe es una combinación extraordinariamente preocupante de factores. Desde la semana anterior, 75 municipios permanecen en alerta roja, 71 en amarilla y 88 en verde; es decir, 234 de los 298 municipios del país están bajo algún nivel de alerta por la sequía. El Gobierno declaró además emergencia por 120 días en los municipios inicialmente identificados como más afectados.
La alarma aumenta porque el problema ya no parte de cero. El análisis de FEWS NET para junio de 2026 encontró que hogares rurales pobres del Corredor Seco estaban ya en Crisis, Fase 3 de la CIF, debido al agotamiento temprano de las reservas de alimentos, lluvias inferiores e irregulares, temperaturas elevadas y precios de los productos básicos por encima del promedio. El organismo proyectaba que esa situación persistiría durante el período de escasez, con nuevas pérdidas agrícolas si la lluvia continuaba siendo insuficiente.
El dato más inquietante es que la amenaza climática podría no haber alcanzado todavía su máxima expresión. Pronosticadores internacionales consultados por medios internacionales consideran que el El Niño que se desarrolla en 2026 podría convertirse en uno de los más fuertes registrados, con proyecciones que contemplan temperaturas del Pacífico ecuatorial superiores a 3 °C por encima de lo normal. Sin embargo, este escenario debe manejarse como una posibilidad de alta severidad y no como un hecho inevitable: la intensidad final y sus efectos regionales todavía están sujetos a evolución y actualización de los modelos climáticos.
Para Honduras, el peligro se encuentra precisamente en la interacción de esos fenómenos. El Corredor Seco centroamericano figura entre las zonas consideradas particularmente vulnerables a precipitaciones por debajo de lo normal. Un análisis basado en datos de FAO estima alrededor de 70 % de probabilidad de lluvias inferiores al promedio en esa región y advierte que unos 10,5 millones de personas dependen en gran medida de la agricultura de subsistencia. En Honduras, por tanto, cada semana adicional de déficit hídrico puede significar menos cosecha, menos empleo rural y mayor dependencia de los mercados.
EL PELIGRO NO TERMINA EN EL CAMPO
El error sería pensar que la sequía es exclusivamente un problema de agricultores. Cuando una familia pierde maíz, frijol o ganado, deja de producir y comienza a comprar alimentos. Si los precios suben al mismo tiempo que disminuyen sus ingresos, el problema pasa de ser agrícola a económico. FEWS NET ya documentaba hogares rurales reduciendo porciones y frecuencia de comidas, vendiendo activos productivos y buscando ingresos fuera de sus comunidades. Es decir, la cadena de la crisis ya tiene algunos eslabones activos.
El agua representa el segundo frente crítico. Menos lluvia significa menor recarga de fuentes superficiales y subterráneas, más presión sobre los sistemas de abastecimiento y mayor competencia entre consumo humano, agricultura y ganadería. En las ciudades, la consecuencia puede traducirse en racionamientos más frecuentes y mayores costos para distribuir agua; en las comunidades rurales, puede significar caminar mayores distancias o depender de fuentes cada vez más vulnerables. La crisis hídrica, por tanto, puede avanzar incluso aunque todavía exista comida disponible en los mercados.
El tercer impacto sería económico. Una reducción significativa de la producción nacional obligaría a incrementar compras externas de determinados alimentos, mientras una menor oferta interna presionaría los precios. A ello pueden sumarse mayores costos de transporte, combustible, fertilizantes y otros insumos. FEWS NET ya advertía que los precios de alimentos, combustible y transporte estaban complicando el poder adquisitivo de los hogares. En un escenario climático más severo, inflación alimentaria y pérdida de ingresos rurales podrían retroalimentarse.
La respuesta del Gobierno contiene elementos importantes. La SAG reporta asistencia técnica, perforación de pozos, construcción de reservorios con geomembrana, apoyo a productores y bancos de alimento para el ganado. También se han anunciado sacos de ayuda humanitaria mediante Banasupro y una focalización de incentivos agrícolas hacia zonas donde existan mejores condiciones de lluvia. Estas medidas son necesarias porque atienden simultáneamente la emergencia inmediata y algunos factores productivos.
Pero aquí aparece la principal pregunta política: ¿la respuesta tiene suficiente velocidad, escala y duración? Una perforación de pozo puede aliviar una comunidad, pero no resuelve el agotamiento de acuíferos; un saco de alimentos evita temporalmente que una familia pase hambre, pero no recupera una cosecha perdida; un reservorio ayuda durante una temporada, pero necesita mantenimiento, captación y una estrategia de uso. La emergencia exige asistencia humanitaria, pero el país necesita simultáneamente una infraestructura nacional para resistir varios ciclos climáticos adversos.
Honduras tampoco está completamente sola frente al problema. Naciones Unidas y sus organismos ya están interviniendo. La FAO, por ejemplo, destinó 2,15 millones de dólares a una respuesta de emergencia para 4.000 hogares vulnerables del Corredor Seco en Choluteca, Valle y Comayagua, beneficiando directamente a unas 20.000 personas. FEWS NET también reportó asistencia humanitaria de organizaciones como el PMA y GOAL, dirigida a unas 215.600 personas en distintas zonas del país durante la temporada de escasez.
