OTTAWA. La disputa comercial entre Canadá y Estados Unidos entró en una nueva fase este domingo, luego de que el Gobierno de Mark Carney confirmara que aplicará, desde el 8 de septiembre, nuevos aranceles sobre mercancías estadounidenses. La decisión representa una respuesta directa a las recientes medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump y deja en evidencia el creciente deterioro de las relaciones económicas entre los dos países.
El anuncio canadiense llegó después de que las conversaciones bilaterales terminaran sin un acuerdo. Ottawa decidió suspender nuevas negociaciones tras considerar inaceptables algunas de las exigencias planteadas por Washington, particularmente aquellas relacionadas con las condiciones comerciales y la política económica canadiense. Carney acusó a Estados Unidos de formular demandas de última hora que afectarían los intereses económicos y la capacidad de Canadá para definir su propia política comercial.
Washington, entretanto, elevó recientemente al 50 % los aranceles aplicados a determinados productos canadienses. Las nuevas tarifas afectan aproximadamente 20.000 millones de dólares en exportaciones, equivalentes a cerca del 5 % de las ventas de Canadá hacia el mercado estadounidense. Aunque el volumen representa una fracción relativamente pequeña del comercio bilateral, la medida tiene un fuerte significado político y amenaza con ampliar el enfrentamiento.
Entre los sectores alcanzados por las nuevas medidas estadounidenses figuran productos de acero, electrónica, productos lácteos, ropa y otras mercancías. Ottawa prepara ahora una respuesta equivalente sobre determinados bienes procedentes de Estados Unidos, en una estrategia que busca presionar a Washington para que revise sus decisiones y, al mismo tiempo, proteger a las empresas canadienses afectadas por las restricciones estadounidenses.
El conflicto ocurre dentro de una relación económica particularmente estrecha. Canadá y Estados Unidos mantienen una de las mayores relaciones comerciales del planeta y sus industrias están profundamente integradas, especialmente en sectores como automóviles, energía, manufacturas, agricultura y acero. Por ello, una escalada prolongada puede trasladar parte del costo a productores, trabajadores y consumidores de ambos lados de la frontera.
La disputa también amenaza el futuro del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC/CUSMA). Las negociaciones pretendían encontrar un nuevo marco para resolver las diferencias comerciales, pero el fracaso de los últimos contactos y la imposición de nuevas tarifas han reducido las posibilidades de una solución inmediata. Funcionarios estadounidenses han indicado que, por ahora, no existe una nueva ronda de conversaciones programada.
Carney ha presentado la confrontación como una defensa de la soberanía económica canadiense frente a lo que considera una forma de presión ejercida por su principal socio comercial. La posición cuenta además con un amplio respaldo político interno: tanto sectores del Gobierno como representantes de la oposición han rechazado las exigencias estadounidenses y respaldado la necesidad de defender los intereses nacionales.
Con la entrada en vigor de las nuevas medidas prevista para septiembre, Norteamérica se encamina hacia otra etapa de incertidumbre comercial. El desafío para Ottawa será encontrar un equilibrio entre responder a Washington y evitar que una guerra arancelaria prolongada termine afectando a empresas, empleos y consumidores. Para Estados Unidos, la disputa también implica riesgos debido a la profunda dependencia de sus cadenas productivas respecto al mercado canadiense, por lo que la evolución del conflicto será clave para la economía regional.
