REDACCIÓN: EL REPORTERO HONDURAS

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) de la Policía Nacional considera que el combate contra la extorsión en el transporte urbano de Honduras, principalmente en la capital hondureña, demanda una transformación estructural del sector y no únicamente acciones represivas contra las organizaciones criminales. Así lo manifestó este martes el titular de la unidad especializada, Daniel Molina, al analizar los principales desafíos que enfrenta la seguridad pública en este rubro.

Durante una comparecencia, Molina explicó que las investigaciones desarrolladas por la DAET en los últimos meses evidencian que el fenómeno de la extorsión en el transporte público es más complejo de lo que tradicionalmente se ha considerado, ya que intervienen tanto estructuras criminales organizadas como redes internas que aprovechan la falta de controles administrativos dentro del sector.

Según el funcionario policial, aproximadamente el 20 % de los casos corresponde a organizaciones criminales que realmente ejecutan actividades extorsivas, mientras que otro 20 % está relacionado con personas que se hacen pasar por integrantes de grupos delictivos para intimidar y obtener dinero ilícitamente. Sin embargo, señaló que el porcentaje más significativo —alrededor del 60 %— responde a irregularidades internas dentro del propio sistema de transporte.

Molina explicó que las investigaciones han permitido identificar casos en los que propietarios de unidades entregan dinero creyendo que pagan extorsiones impuestas por estructuras criminales, cuando en realidad nunca recibieron llamadas ni amenazas directas. De acuerdo con el jefe de la DAET, algunas de estas operaciones estarían siendo ejecutadas por colaboradores vinculados al propio rubro del transporte.

El oficial indicó que durante los últimos dos meses la unidad especializada ha perfilado a varias personas que presuntamente utilizaban el nombre de organizaciones criminales para exigir pagos a empresarios del transporte, aprovechando la falta de controles internos y la escasa supervisión de conductores, ayudantes y otras personas relacionadas con la operación diaria de las unidades.

Desde una perspectiva estratégica de seguridad pública, Molina sostuvo que la modernización del transporte representa una herramienta de prevención del delito. En ese sentido, consideró prioritario ordenar el sistema de rutas, actualizar los registros de operadores, fortalecer los controles administrativos y avanzar hacia un esquema donde el cobro del pasaje deje de realizarse en efectivo.

El funcionario argumentó que la circulación diaria de grandes cantidades de dinero en efectivo convierte a las unidades de transporte en objetivos atractivos para distintos actores vinculados a actividades ilícitas. Por ello, estima que la implementación de sistemas electrónicos de pago reduciría considerablemente las oportunidades para la extorsión, los robos y otras modalidades delictivas.

Otro aspecto señalado por Molina es la necesidad de mejorar la gobernanza interna del sector transporte. Explicó que existen propietarios que incluso desconocen la identidad de algunos conductores y ayudantes que operan sus unidades, situación que dificulta la supervisión y facilita la infiltración de personas vinculadas con actividades ilícitas.

El jefe de la DAET también recordó que en años anteriores se implementaron proyectos piloto con cámaras de videovigilancia y botones de pánico en unidades del transporte urbano. Sin embargo, aseguró que parte de esos dispositivos fueron dañados por algunos operadores y ayudantes, quienes, según indicó, buscaban evitar mecanismos de control sobre la recaudación diaria.

Molina afirmó que algunas personas obtendrían beneficios económicos alterando los reportes de ingresos entregados a los propietarios de las unidades, una situación que, desde la óptica policial, también afecta la transparencia del sector y genera condiciones propicias para el fraude interno.

En materia operativa, el funcionario destacó que la DAET ha intensificado sus acciones investigativas desde la creación de la nueva estructura especializada. Señaló que el objetivo principal consiste en fortalecer la confianza ciudadana para incrementar las denuncias y mejorar la capacidad de respuesta frente a los casos de extorsión.

Como parte del balance institucional, informó que durante los primeros 60 días de gestión la división ha capturado 108 personas vinculadas con distintos casos investigados por extorsión y delitos conexos. Añadió que, según los registros de la unidad, todos los detenidos fueron sometidos a procesos judiciales en los que se dictó auto de formal procesamiento.

Asimismo, reveló que entre los capturados figuran aproximadamente 10 ayudantes del transporte urbano, quienes presuntamente mantenían vínculos con grupos ilícitos y facilitaban información utilizada para seleccionar víctimas o coordinar acciones extorsivas.

El oficial explicó que la obtención de información sobre las víctimas suele provenir de dos fuentes principales: personas cercanas que filtran datos sensibles o la propia exposición pública de los ciudadanos mediante redes sociales, donde con frecuencia se comparten rutinas, ubicaciones y actividades personales.

Por esa razón, Molina hizo un llamado a fortalecer la cultura de la autoprotección digital y recomendó evitar publicar información que pueda ser utilizada por estructuras criminales para planificar actos de intimidación o extorsión.

Especialistas en seguridad ciudadana coinciden en que la extorsión constituye uno de los delitos de mayor impacto económico y social en Honduras. Además de afectar a empresarios del transporte, también repercute en comerciantes, pequeños negocios y usuarios, quienes terminan absorbiendo parte de los costos derivados de este fenómeno criminal.

Diversos estudios sobre seguridad pública sostienen que la reducción sostenible de la extorsión requiere una combinación de inteligencia policial, fortalecimiento institucional, controles administrativos, persecución penal efectiva y políticas preventivas orientadas a disminuir las oportunidades para la comisión del delito.

En ese contexto, la propuesta planteada por la DAET apunta a integrar medidas tecnológicas, modernización del transporte, sistemas de pago electrónicos, mayor control empresarial y participación ciudadana mediante la denuncia, como parte de una estrategia multidimensional contra la criminalidad.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de la población continúa siendo determinante para el éxito de las investigaciones. Molina insistió en que cuando las víctimas denuncian oportunamente y permiten activar los protocolos investigativos, la capacidad de respuesta policial aumenta significativamente.

Finalmente, la Policía Nacional reafirmó que mantendrá las operaciones de inteligencia, vigilancia y captura contra redes de extorsión en todo el país, al tiempo que continuará promoviendo acciones de prevención y coordinación con el sector transporte para reducir uno de los delitos que mayor impacto tiene sobre la seguridad, la economía y la movilidad de los hondureños.