La congresista estadounidense María Elvira Salazar hizo pública hoy una dura denuncia contra el régimen del presidente Daniel Ortega: “La brutalidad del régimen de Ortega no tiene límites. Tras encarcelar, asesinar y exiliar a cientos, ahora está haciendo desaparecer a disidentes”, afirmó a través de sus cuentas oficiales.
En su mensaje, Salazar agregó que numerosas familias buscan a sus seres queridos “prisión tras prisión”, y que en al menos dos casos los detenidos hallados ya estaban muertos. “Esto es terrorismo de Estado”, concluyó, instando a la comunidad internacional a no mirar hacia otro lado.

Su acusación coincide con llamados recientes de organismos globales. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU exige al gobierno nicaragüense esclarecer el paradero de más de 120 personas desaparecidas desde 2018, cuando el Estado emprendió una ola represiva contra protestas ciudadanas. 
Según ese grupo, muchas víctimas no están vinculadas con partidos políticos y podrían haber sido víctimas por expresar críticas o ejercer derechos fundamentales. Las desapariciones parecen obedecer órdenes desde altos niveles para infundir miedo sistemático. 

El contexto de represión en Nicaragua también ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos: desde 2018, activistas, opositores, periodistas y líderes sociales han sido perseguidos, encarcelados o exiliados. Las desapariciones forzadas constituyen uno de los métodos más ominosos del control autoritario.
Salazar aludió en su denuncia a este patrón represivo y llamó a Estados Unidos y aliados a actuar con firmeza. Ya el diario The New York Times había recogido declaraciones similares de la congresista sobre la crisis nicaragüense en publicaciones pasadas. 

El régimen de Ortega ha mantenido silencio formal frente a las acusaciones de desaparición forzada. Esto intensifica las exigencias que organismos internacionales y grupos de derechos humanos hacen para que el Estado rinda cuentas, coopere con investigaciones independientes y revele información confiable. 
Desde Managua, las autoridades no han ofrecido respuestas detalladas sobre estos casos ni permitido acceso pleno para pesquisas externas.

Las familias de los desaparecidos viven en angustia profunda. Muchas no denuncian por temor a represalias ante la falta de protección institucional. Aquellos que emprenden búsquedas se topan con silencio, intimidaciones y puertas cerradas. 
En algunas ocasiones, se ha identificado que los cuerpos recuperados presentan signos de violencia, lo que alimenta teorías de ejecuciones extrajudiciales bajo cobertura del Estado.

La denuncia de la congresista Salazar devuelve el foco internacional sobre Nicaragua. Su llamado es claro: que gobiernos, organismos multilaterales y la opinión pública exijan transparencia, presión diplomática y sanciones dirigidas a responsables. “El mundo no debe mirar hacia otro lado”, instó. Si la justicia no avanza, el silencio se transforma en cómplice.