Washington, D. C. – En un giro controvertido de política criminal y militar, el presidente Donald Trump ha emitido un memorando en el que designa a los cárteles del narcotráfico como “combatientes ilegales” y afirma que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado no internacional contra estas organizaciones. 

La Casa Blanca notificó al Congreso esta decisión a través de funcionarios del Pentágono, luego de los recientes ataques contra embarcaciones en el Caribe, operaciones que causaron al menos 17 muertos, según el gobierno estadounidense. 

El memorando expone que, pese a los esfuerzos de países aliados, los cárteles han evolucionado hacia estructuras transnacionales armadas, lanzando ataques continuos en todo el hemisferio occidental. Por ello, Trump los ha clasificado como “grupos armados no estatales” y los designó como organizaciones terroristas, considerando sus acciones como agresión contra EE. UU. 

No obstante, el documento no incluye una lista explícita de las organizaciones designadas, lo que ha generado inquietud entre algunos legisladores que exigen transparencia y aclaraciones sobre la base legal de estas designaciones. 

Las críticas no se hicieron esperar. Legisladores exigen que Trump acuda al Congreso y solicite la autorización para usar sus poderes de guerra, conforme a la Ley de Poderes de Guerra, antes de emprender acciones militares contra grupos no estatales. 

Uno de los ataques más cuestionados fue el del 2 de septiembre, dirigido contra una lancha rápida presuntamente vinculada al cártel Tren de Aragua, que dejó 11 fallecidos. Trump ha sostenido que ese grupo ya fue declarado organización terrorista por EE. UU. a inicios del año. 

Organismos de derechos humanos y expertos legales advierten que estos operativos podrían constituir una violación al debido proceso, dado que son acciones militares destinadas a actividades que tradicionalmente corresponden al ámbito policial. También señalan que atacar embarcaciones en aguas internacionales puede contravenir el derecho internacional si no se demuestra que esos barcos representaban una amenaza inminente. 

Este cambio de enfoque por parte de la administración Trump marca una escalada en la estrategia antinarcóticos: pasa de una lucha policial a una postura militar justificada bajo una definición de guerra. En las próximas semanas, el peso del debate jurídico y constitucional sobre poderes ejecutivos frente a la autoridad del Congreso será clave