Caracas, 29 de septiembre de 2025.– El gobierno de Venezuela anunció la entrada en vigor de un decreto de conmoción externa, una figura que otorga amplios poderes al presidente Nicolás Maduro para responder a lo que califica como amenazas provenientes de Estados Unidos. La medida fue comunicada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas.
Rodríguez explicó que el decreto habilita al mandatario a actuar de manera inmediata en caso de cualquier intento de agresión extranjera. Entre las facultades destacan la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la toma militar de infraestructuras estratégicas, así como el control de empresas básicas y de la industria petrolera para garantizar su funcionamiento.
La funcionaria agregó que el jefe de Estado también podría ordenar el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas como parte de las medidas de protección de la integridad territorial. Según señaló, se trata de un mecanismo previsto en la Constitución que busca salvaguardar la soberanía y la independencia nacional.
El anuncio se produce en medio de un clima de creciente tensión con Washington, que mantiene un despliegue militar en aguas cercanas al Caribe alegando operaciones contra el narcotráfico. Caracas sostiene que dichas maniobras forman parte de un plan para desestabilizar al país y provocar un cambio de régimen.
Durante su intervención, Rodríguez acusó a Estados Unidos de violar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y calificó las acciones de la administración de Donald Trump como un acto de “extremismo” que amenaza la paz en la región.
La vicepresidenta advirtió que cualquier persona o grupo que dentro o fuera del territorio venezolano respalde o haga apología de una agresión militar externa será procesado conforme a las leyes nacionales y bajo el marco constitucional.
El gobierno venezolano insiste en que la medida es preventiva y tiene como fin resguardar los intereses estratégicos del país. No obstante, opositores y analistas consideran que el decreto podría servir para consolidar un mayor control político interno bajo el argumento de una amenaza exterior.
Con esta decisión, Maduro amplía su margen de maniobra en un momento de fragilidad económica y alta tensión diplomática, reforzando el discurso de defensa nacional como eje central de su estrategia de gobierno.
