La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobó esta semana un polémico proyecto de ley que reactiva un sistema de bonificación para agentes de la Policía Civil involucrados en operaciones contra el crimen. La medida, promovida por el gobernador Cláudio Castro, otorga recompensas económicas a los policías que incauten armas de gran calibre o que “neutralicen” a presuntos delincuentes durante sus intervenciones.

El texto, analizado en régimen de urgencia, incluye enmiendas que amplían los méritos por los cuales un agente puede acceder a la bonificación, entre ellos la muerte de sospechosos en tiroteos. El valor del incentivo podrá variar entre el 10 % y el 150 % del salario del agente premiado, siempre dentro del techo constitucional.

El gobernador Castro, defensor de políticas de mano dura contra el crimen organizado, sostiene que esta medida busca fortalecer la estructura de la Policía Civil y reconocer el riesgo que asumen los uniformados al enfrentarse con grupos criminales. Legisladores conservadores respaldaron la propuesta, argumentando que Río de Janeiro vive una situación excepcional de violencia y que los policías merecen ser compensados por su exposición diaria.

Uno de los principales defensores de la iniciativa, Marcelo Dino, diputado de União, declaró que se trata de una manera de “valorar a los policías que salen de sus casas sin saber si volverán, para proteger a personas que ni siquiera conocen”. El legislador añadió que en un estado dominado por el narcotráfico y las milicias, el incentivo económico es un reconocimiento mínimo al sacrificio de los agentes.

La medida, sin embargo, ha despertado duras críticas. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad advierten que podría incentivar ejecuciones extrajudiciales, ya que la definición de “neutralización” resulta ambigua y difícil de fiscalizar. Temen además que se incremente la letalidad policial en comunidades periféricas donde operan bandas y milicias, afectando sobre todo a la población más vulnerable.

Este tipo de bonificación no es nuevo en Río. Entre 1995 y 1998, la ciudad implementó un sistema conocido como “bonus Lejano Oeste”, que fue derogado tras numerosas denuncias de abusos y un aumento significativo de muertes a manos de la policía. Para los críticos, reactivar una política semejante es retroceder en materia de control institucional.

Las cifras oficiales muestran que la intervención policial ya representa un alto número de muertes en el estado. En 2024 se registraron 703 fallecimientos por acción de agentes, en 2023 fueron 871 y en 2022 más de 1.300. Con estos datos en mente, analistas consideran que la aprobación del bono puede agravar un problema estructural que el propio Estado brasileño no ha logrado contener.

Ahora el proyecto aguarda la sanción del gobernador Castro. De convertirse en ley, Río de Janeiro sería el único estado brasileño con un sistema de recompensas que premia la letalidad policial, lo que refuerza el debate nacional sobre el modelo de seguridad pública y la delgada línea entre la lucha contra el crimen y las violaciones a los derechos humanos.