Un litigio en tribunales estadounidenses ha sacado a la luz detalles desconocidos de un acuerdo firmado entre Washington y el Gobierno de Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos entregó 4,7 millones de dólares a cambio de que El Salvador recibiera hasta 300 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos.

La información revelada muestra que la Administración Trump impuso restricciones estrictas sobre el uso de esos fondos: no podían destinarse a brindar asesoría legal a solicitantes de asilo ni a programas de salud reproductiva o planificación familiar, incluido el aborto. Tampoco podían financiar iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión, ni apoyar a la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA).

Según las organizaciones demandantes, Democracy Forward y RFK Human Rights, el acuerdo buscaba mantener a los deportados en condiciones de confinamiento indefinido dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la polémica megacárcel salvadoreña construida para pandilleros. “Washington no hizo nada para proteger a los migrantes de la tortura o el encierro prolongado”, denunció Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.

El documento oficial, fechado el 22 de marzo por la Cancillería salvadoreña, establece con claridad que los recursos transferidos desde EE. UU. no podrían destinarse a ningún rubro que fortaleciera los derechos de los migrantes, generando preocupación sobre el objetivo real de la ayuda.

El caso más simbólico de estas deportaciones fue el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño repatriado por error, quien se convirtió en rostro visible de lo que los defensores califican como “deportaciones injustas y arbitrarias” de la Administración republicana.

El 15 de marzo, poco antes de que el acuerdo quedara sellado, más de 250 migrantes —principalmente venezolanos y algunos salvadoreños— fueron trasladados hacia El Salvador bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. No obstante, el gobierno estadounidense nunca presentó pruebas concretas ni garantizó un debido proceso antes de la expulsión.

Las revelaciones han generado un intenso debate sobre el rol de El Salvador como receptor de migrantes deportados y sobre la falta de transparencia con que se manejó el acuerdo. Para los demandantes, se trata de una muestra de cómo la política migratoria fue utilizada como herramienta de presión y control sin respetar estándares internacionales de derechos humanos.

El Gobierno de El Salvador no se ha pronunciado sobre las nuevas filtraciones, mientras que en Estados Unidos crece la presión para que la Casa Blanca explique cómo se gestionaron los fondos y qué destino tuvieron los migrantes deportados a territorio salvadoreño.