La madrugada del lunes (08.09.2025) se tiñó de tragedia en el suroeste colombiano, cuando guardacostas de la Armada abrieron fuego por error contra la lancha en la que viajaba la alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda. En el ataque murió su asesor, Luis Fernando Sánchez, y resultó herido un agente de la Policía que fungía como escolta. La edil local salió ilesa.

El presidente Gustavo Petro lamentó el hecho desde su cuenta en X, calificando lo ocurrido como el resultado de un incumplimiento de protocolos. “El guardia disparó en un retén oficial y se produjo este lamentable desenlace”, escribió el mandatario, al tiempo que envió condolencias a la familia del funcionario fallecido. También ordenó una investigación “con todo rigor”.

Según el comunicado oficial de la Armada, la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa navegaba de noche por el río Patía Guandipa, a gran velocidad, en dirección contraria y sin luces de navegación. Bajo esos parámetros, el personal militar aplicó los protocolos de uso de la fuerza y disparó para “salvaguardar su integridad física y su vida”.

Sin embargo, líderes sociales de la región consideran que los disparos fueron producto de una grave confusión. “No pueden partir fuego contra una embarcación, menos si no les han disparado”, cuestionó el exsecretario de gobierno departamental, Benildo Estupiñán, en declaraciones al canal Caracol.

La Defensoría del Pueblo reaccionó rápidamente, exigiendo que se garantice “el acceso a la verdad y la justicia” mediante una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las responsabilidades de lo ocurrido.

Videos difundidos en medios locales mostraron el momento posterior al tiroteo, donde los mismos militares intentaban socorrer a las víctimas. La crudeza de las imágenes encendió el debate nacional sobre el actuar de las fuerzas armadas en zonas de conflicto.

Este caso ocurre en un contexto complejo para Colombia, que atraviesa la peor ola de violencia de la última década. Grupos armados ilegales se disputan territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, multiplicando los episodios de ataques con explosivos, drones y emboscadas a militares.

Mientras tanto, la estrategia de diálogo del gobierno de Petro con esas estructuras ha generado fuertes críticas. Sectores de oposición reclaman que la apuesta por la negociación se ha traducido en un debilitamiento de la autoridad del Estado, al tiempo que la violencia sigue en aumento.