La reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, representa un nuevo giro en la estrategia política y económica del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más que un simple ajuste legal, la normativa refuerza un modelo de control autoritario y patrimonial del Estado que amenaza directamente a propietarios, comunidades indígenas y al sector empresarial.
La norma extiende a 15 kilómetros desde el límite internacional hacia adentro del territorio nicaragüense la categoría de “territorio fronterizo” bajo propiedad absoluta del Estado. Si bien una ley de 2010 ya definía un régimen especial en estas áreas, solamente los primeros cinco kilómetros eran inalienables. Ahora, la totalidad de la franja queda bajo dominio estatal, administrada y resguardada por el Ejército de Nicaragua, institución leal a Ortega-Murillo.
Este cambio legal consolida una arquitectura de confiscación preventiva: las propiedades, concesiones y recursos en estas zonas quedan sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo. La experiencia reciente de expropiaciones masivas contra opositores, universidades, iglesias y medios de comunicación refuerza el temor de que esta medida sea usada como un instrumento de represión política y control económico.
El Ejército como actor central
La ley fortalece aún más el papel del Ejército, convertido en garante territorial del régimen. No se trata solo de vigilar el crimen organizado, como alegan los diputados oficialistas, sino de consolidar una zona militarizada que asegura la lealtad de las Fuerzas Armadas mediante el control de recursos y concesiones estratégicas.
En términos geopolíticos, este movimiento responde a un patrón regional: gobiernos autoritarios refuerzan el poder militar para blindar su permanencia en el poder y limitar la capacidad de resistencia de comunidades locales o actores económicos independientes.
Impacto territorial: Honduras y Costa Rica en la mira
El alcance de la ley repercutirá directamente en las relaciones con Honduras y Costa Rica.
- Frontera norte (Honduras): más de 950 km de límites atraviesan montañas, ríos y territorios indígenas. La zona concentra ganadería, madera y minería, incluyendo operaciones ilegales vinculadas al crimen organizado. La estatización abre la puerta a que el régimen otorgue concesiones extractivas bajo un marco legal que excluye a comunidades locales.
- Frontera sur (Costa Rica): con 309 km, esta franja abarca playas turísticas, áreas protegidas y grandes plantaciones de cítricos. Su control estratégico podría ser usado por Ortega como carta de negociación geopolítica con inversores extranjeros —especialmente chinos—, pero al costo de profundizar tensiones con San José, donde existe una larga tradición de disputas territoriales con Managua.
China como beneficiario indirecto
La advertencia de ambientalistas como Amaru Ruiz revela el trasfondo económico: la ley pavimenta el camino para que el régimen legalice concesiones mineras en áreas protegidas y establezca nuevos puestos fronterizos que faciliten la operación de capitales chinos.
La empresa Thomas Metal, beneficiaria de tres concesiones recientes, es un ejemplo del viraje nicaragüense hacia Pekín. A medida que Ortega rompe puentes con Washington y endurece su alianza con Rusia e Irán, China se convierte en el nuevo socio prioritario, especialmente en sectores de minería, infraestructura y logística fronteriza.
El despojo indígena y la fractura social
Uno de los impactos más graves recae sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y las fronteras rurales. La Red de Defensores Indígenas denuncia que unas 100 comunidades están en riesgo de despojo, desplazamiento y pérdida de autonomía.
La ley contradice compromisos internacionales de Nicaragua, como el Convenio 169 de la OIT, que exige consulta previa, libre e informada para cualquier decisión sobre territorios indígenas. En cambio, institucionaliza un modelo de expropiación sin consentimiento, reforzando el desarraigo y la militarización de zonas que ya son focos de conflicto histórico.
Implicaciones geopolíticas regionales
- Honduras y Costa Rica: la militarización fronteriza puede generar fricciones bilaterales. Costa Rica, que mantiene una política de apertura democrática, podría ver esta ley como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional.
- Estados Unidos: la medida refuerza la narrativa de Ortega-Murillo como bastión antiestadounidense en Centroamérica, en momentos de alta tensión por sanciones y aislamiento diplomático.
- China y Rusia: la estatización de las franjas fronterizas crea un marco favorable para proyectos estratégicos en minería, energía e infraestructura que puedan ser gestionados por capitales de Pekín y Moscú.
- Seguridad regional: el control militar sobre zonas de tráfico ilícito puede ser usado de manera selectiva: mientras el régimen asegura recursos para aliados extranjeros, podría tolerar o manipular economías ilegales en beneficio de su círculo de poder.
Al final, La nueva Ley de Territorio Fronterizo no es una simple política de seguridad. Es un instrumento de control político, militar y económico que consolida el patrimonialismo de Ortega-Murillo sobre el Estado nicaragüense. En la práctica, militariza la frontera, despoja a comunidades indígenas, debilita la seguridad jurídica de empresarios y finca la puerta a concesiones extractivas chinas.
En un país marcado por la memoria de confiscaciones, esta ley consolida el temor de que la frontera se convierta en un laboratorio de despojo legalizado y geopolítica autoritaria, con repercusiones directas en Centroamérica y en la competencia global entre Estados Unidos y China.
