Washington ha activado un nuevo frente de operaciones militares en el sur del mar Caribe, como parte de una ofensiva destinada a contrarrestar las crecientes amenazas de cárteles de la droga en Latinoamérica, informó este jueves la agencia Reuters. La medida, ordenada directamente por el presidente Donald Trump, forma parte de una estrategia integral que combina acciones militares, inteligencia y medidas legales para reforzar la seguridad fronteriza y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
El despliegue, que se ejecuta bajo la coordinación del Pentágono y agencias de inteligencia, responde a la reciente designación de varias organizaciones criminales como “terroristas globales”. Entre ellas figuran el Cártel de Sinaloa, el grupo criminal venezolano Tren de Aragua y otras redes que operan de manera transnacional. Según fuentes militares, al menos dos buques de guerra ya navegan en el área de operaciones, mientras aeronaves de reconocimiento intensifican la vigilancia sobre las rutas marítimas y aéreas más utilizadas por los narcotraficantes.
La iniciativa, según altos funcionarios, busca “neutralizar amenazas a la seguridad nacional provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región” y disuadir el uso del Caribe como corredor estratégico para el contrabando de drogas. Las acciones militares estarán respaldadas por una ofensiva diplomática y judicial para perseguir, detener y extraditar a líderes criminales.
Este movimiento ocurre en un contexto político más amplio: el endurecimiento de la presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro. La fiscal general Pam Bondi anunció recientemente que la recompensa por la captura del mandatario venezolano se duplicó a 50 millones de dólares, acusándolo de colaborar con redes criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para facilitar el tráfico de drogas y la infiltración de violencia en territorio estadounidense.
El gobierno de Trump ya había advertido que consideraba la alianza entre el chavismo y estas organizaciones como una amenaza directa a la seguridad nacional. Las nuevas medidas no solo buscan interrumpir las operaciones logísticas de los cárteles, sino también aislar internacionalmente a Maduro, debilitando su capacidad de maniobra en el ámbito político y económico.
La Casa Blanca no ha precisado la duración ni el alcance total de la operación, pero fuentes cercanas a la administración adelantaron que se trata de una “acción sostenida” que podría prolongarse por meses y formar parte de un paquete más amplio de sanciones y medidas coercitivas. Observadores internacionales señalan que este despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela podría tensar aún más las relaciones entre Washington y Caracas, en un momento de alta volatilidad política y económica en la región.
Posibles repercusiones regionales
Analistas advierten que esta operación podría alterar significativamente las rutas de narcotráfico en el Caribe y Centroamérica. El incremento de vigilancia marítima y aérea obligaría a los cárteles a modificar sus corredores, lo que podría desviar operaciones hacia zonas con menor control, incluyendo costas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Además, se prevé que aumente la cooperación en inteligencia entre Washington y gobiernos aliados, lo que podría derivar en operativos conjuntos en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de la región. Sin embargo, expertos alertan que un cambio de rutas también podría provocar un repunte de la violencia en países que ya enfrentan desafíos de seguridad interna.
