Washington, 5 de agosto de 2025 — El fundador de la empresa de tecnología electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fue acusado en Estados Unidos de haber sobornado a la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, a cambio de favores políticos durante 2019.

Documentos judiciales revelados por la Corte del Distrito Sur de Florida detallan que Piñate transfirió a Lucena una residencia ubicada en Caracas, valorada como una "casa de clase media alta con piscina", entre abril y julio de 2019. La propiedad era manejada a través de una corporación extranjera controlada por el empresario, según la acusación.

A cambio, Lucena habría intervenido ante el gobierno venezolano para resolver un conflicto relacionado con el estatus de Smartmatic como proveedor de servicios electorales, derivado del escándalo por el conteo de votos de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. En ese proceso, Smartmatic denunció una manipulación de más de un millón de votos por parte del chavismo, lo que generó un quiebre con el régimen de Nicolás Maduro.

La empresa, que había trabajado con el gobierno venezolano desde 2004, fue apartada oficialmente del país en 2018. Desde entonces, Smartmatic había buscado retomar contratos y pagos pendientes, para lo cual, según la acusación, recurrió a Lucena, quien presidió el CNE entre 2006 y 2020.

"Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno de EE.UU. intentará demostrar que esto constituyó un pago de soborno vinculado a negocios electorales mientras ella era funcionaria pública", cita el expediente judicial, que incluye fotografías del inmueble.

La acusación forma parte de un caso más amplio por lavado de activos y sobornos en el que están involucrados otros tres individuos: Jorge Miguel Vásquez (ciudadano estadounidense), Elie Moreno (estadounidense-israelí) y Juan Andrés Donato (de nacionalidad filipina). Todos ellos habrían participado en un esquema de sobornos para obtener contratos en procesos electorales, como el de Filipinas en 2016.

Smartmatic, con sede en Londres, ha sido contratista electoral en países como Venezuela, México y Estados Unidos. En los últimos años ganó visibilidad en EE.UU. por demandar a la cadena Fox News por 2,700 millones de dólares, acusándola de difamación al vincularla falsamente con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.