Bogotá, 1 de agosto de 2025 — En una decisión sin precedentes, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, tras hallarlo responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La sentencia, que consta de 1.114 páginas, constituye la primera condena penal en contra de un exmandatario en la historia reciente de Colombia.

La magistrada impuso además una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes (cerca de 2.400 millones de pesos) y una inhabilitación de 100 meses y 20 días para ejercer funciones públicas, como parte de las sanciones. El fallo fue más severo que lo solicitado por la Fiscalía, que había pedido nueve años de condena.

Según el fallo conocido por El Tiempo, Uribe deberá cumplir la sanción en su finca ubicada en Llanogrande, Rionegro, donde será sometido a controles por parte de las autoridades. La jueza justificó la medida afirmando que la privación inmediata de la libertad era necesaria para preservar la convivencia pacífica, y evitar una percepción pública de desigualdad ante la ley. “Permitir que continúe gozando de libertad pese a la condena generaría una idea errónea de impunidad y debilitaría la confianza en la institucionalidad”, enfatizó.

A pesar de la gravedad de la condena, la jueza consideró que Uribe cumplía con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad para recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, determinó que debía iniciar el cumplimiento de la pena antes de que la sentencia quede en firme, dado que, a su juicio, se superaron ampliamente los requisitos para esa decisión.

La defensa del expresidente ya anunció que apelará la decisión, por lo que el caso pasará ahora al Tribunal Superior de Bogotá. Por tanto, la condena no quedará ejecutoriada hasta que se resuelva esa instancia.

La decisión judicial ha desatado una intensa controversia en el ámbito político y jurídico del país. Expertos señalan que, tradicionalmente, los procesados que no representan peligro para la sociedad y han comparecido al proceso suelen permanecer en libertad hasta que la sentencia queda en firme. La jueza, sin embargo, defendió su fallo como un acto necesario para fortalecer el principio de igualdad ante la ley.