San Francisco, 30 de julio de 2025 — La permanencia de más de 60,000 migrantes hondureños, nicaragüenses y nepalíes en Estados Unidos se encuentra en grave riesgo tras una audiencia crucial celebrada este miércoles en la Corte Federal de San Francisco. La jueza a cargo del caso anunció que emitirá su fallo definitivo en un plazo de 48 horas, decisión que podría significar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para estas comunidades.
La audiencia responde a la demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la decisión de la secretaria Kristie Noem de cancelar el programa. Esta medida, de ser confirmada por la corte, pondría fin a décadas de protección migratoria y dejaría a miles de personas sin estatus legal a partir del 8 de septiembre de 2025.
Durante el desarrollo de la audiencia, decenas de beneficiarios del TPS, defensores de derechos migratorios y líderes comunitarios se congregaron frente a la corte con pancartas, cánticos y mensajes de resistencia. “Vamos a luchar hasta la victoria, y la victoria puede ser muchas cosas. Una de ellas es lograr la residencia permanente”, expresó Martha Arévalo, directora del CARECEN en Los Ángeles.
Uno de los testimonios más emotivos fue el de Teófilo Martínez, un migrante hondureño que ha vivido bajo el TPS durante casi tres décadas. “Uno se preocupa porque lo que hemos construido durante 28 o 30 años lo pueden cortar de tajo, sin considerar lo que hemos aportado económicamente, culturalmente y en mano de obra”, dijo conmovido.
Los abogados de la Alianza Nacional del TPS calificaron las intervenciones de la jueza como “puntuales y claras”, y señalaron que el gobierno presentó más de 5,000 documentos justificando su decisión de eliminar el programa. Sin embargo, la magistrada dejó claro que su tribunal tiene jurisdicción para revisar el caso y analizar la legalidad de la cancelación.
El gobierno federal, por su parte, ha insistido en que las decisiones sobre TPS corresponden exclusivamente al Ejecutivo y no deben estar sujetas al escrutinio judicial. No obstante, la jueza rechazó ese argumento y se comprometió a emitir un fallo dentro del plazo anunciado.
La incertidumbre se apodera ahora de decenas de miles de familias migrantes que, tras años de trabajo, integración y aporte económico, temen ser expulsadas del país al que han llamado hogar durante décadas.
