Tegucigalpa, 9 de julio de 2025 — El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, lanzó fuertes críticas contra los hechos ocurridos en el Congreso Nacional, luego de que miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) interrumpieran con violencia la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

Durante la sesión legislativa, López había sido citada para rendir un informe sobre los avances del proceso electoral de cara a las elecciones generales de noviembre. Sin embargo, la intervención fue abruptamente interrumpida por gritos, insultos y desorden provocado por simpatizantes de Libre, con el respaldo activo de algunos diputados oficialistas.

En medio del caos, se reportó una agresión física y verbal contra la periodista y aspirante a diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, quien se encontraba en los bajos del Congreso acompañada por simpatizantes liberales que acudieron en apoyo a las consejeras del CNE.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa y sectores de oposición condenaron la agresión, exigiendo garantías para el ejercicio del periodismo y la libre participación política en un contexto electoral que consideran frágil y en riesgo.

Facussé cuestionó con firmeza quién representa realmente al pueblo hondureño. “El pueblo no es un grupo de fracasados sociales que se tapan la cara para tomarse espacios públicos con insultos y violencia. Esos son un atajo de vagos a sueldo del Partido Libre, protegidos por el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El verdadero pueblo de Honduras es digno, respetuoso y pacífico”, declaró.

El empresario advirtió que la violencia partidaria está desplazando el debate democrático y denunció una preocupante inacción por parte de las instituciones responsables de garantizar el orden. “Mientras los responsables de garantizar la seguridad miran para otro lado, los extremistas están tomando control de las instituciones”, concluyó.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Secretaría de Seguridad han ofrecido una declaración oficial sobre las agresiones y desórdenes registrados dentro y fuera del Congreso.