TEGUCIGALPA, 9 de julio de 2025 — El Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya, reiteró este martes el compromiso del Ministerio Público (MP) con la transparencia y legalidad del proceso electoral en curso, asegurando que la institución se mantiene en alerta constante para evitar atrasos intencionales o manipulaciones del cronograma electoral.
“No permitiremos atrasos amañados ni ninguna circunstancia que busque afectar el calendario electoral. Estamos muy pendientes de cada fase del proceso”, expresó Zelaya en una comparecencia ante medios de comunicación.
El fiscal llamó a la ciudadanía a confiar en la independencia del Ministerio Público, afirmando que no cederán ante presiones políticas. “Por mucho que se diga que el fiscal se acomoda a un color político, la democracia no tiene precio. La democracia va a persistir en este país”, manifestó.
Zelaya advirtió que si en algún momento se detecta un intento de fraude, el MP actuará de inmediato, sin importar si los responsables provienen del Gobierno o de la oposición. “No vamos a permitir que nadie valide el fraude por la vía legal ni amparándose en el poder. Que lo tengan claro todos los partidos políticos: no se juega con la voluntad del pueblo hondureño”, sentenció.
Respecto a las denuncias de corrupción, el fiscal explicó que todas son analizadas rigurosamente, y aseguró que no dudarán en presentar requerimientos fiscales cuando existan suficientes méritos, sin importar el nivel jerárquico del implicado. “¿Quién dijo miedo? Sea quien sea, si hay que actuar, vamos a actuar”, afirmó.
Uno de los casos prioritarios para el Ministerio Público es el relacionado con SEDESOL. Zelaya indicó que desde el momento en que se difundió el video con supuestas irregularidades, se ordenó abrir una denuncia de oficio. “Los procesos por corrupción toman tiempo porque se trata de delitos complejos. Pero tengan la certeza que nadie se salvará por pertenecer a un color político”, enfatizó.
Además, adelantó que se investigan casos millonarios, como el del 911, fondos manejados por algunas ONGs, y otras investigaciones que involucran cifras que superan los 39 mil millones de lempiras. “Es inconcebible que en un país tan pobre, se robe el dinero que le pertenece al pueblo”, concluyó.
