TEGUCIGALPA, Honduras. La posibilidad de una paralización del servicio de taxis quedó descartada este viernes, luego de que el presidente Nasry Asfura y representantes del gremio alcanzaran un entendimiento para atender las principales demandas de los transportistas. La reunión permitió establecer compromisos económicos y operativos que buscan evitar nuevas tensiones entre el Gobierno y el sector.
Uno de los puntos centrales de la negociación es el otorgamiento de una compensación económica a los conductores, cuyo pago se contempla entre octubre y diciembre de 2026. El monto todavía no está definido, pero los dirigentes del rubro esperan que las autoridades establezcan la cantidad durante los próximos días.
El presidente de la Asociación de Taxistas Unidos de Honduras (Ataxuh), Rigoberto Cerrato, confirmó que existe un compromiso gubernamental para entregar el bono durante ese período y consideró aceptables los resultados de la conversación con el mandatario. Asimismo, descartó que el sector vaya a ejecutar el paro de labores que se había planteado.
La negociación también contempla acelerar el cambio de los taxis que todavía funcionan con gasolina hacia sistemas de gas licuado de petróleo (LPG), una alternativa que las autoridades consideran necesaria para disminuir los gastos diarios de operación. El secretario de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, calificó el encuentro como «súper productivo» y anunció que se buscará establecer un procedimiento más ágil para instalar los equipos de conversión.
Para determinar el alcance de los beneficios, el Gobierno y los representantes de los taxistas acordaron construir una base de datos nacional que permita conocer cuántas unidades están autorizadas para prestar el servicio, cuáles ya utilizan gas vehicular y cuántas continúan dependiendo de gasolina. Este registro servirá como referencia para calcular las compensaciones y organizar la incorporación de los conductores al programa.
Otro compromiso consiste en intensificar los controles contra el transporte ilegal y la competencia desleal, dos problemas que, según los dirigentes, afectan los ingresos de quienes trabajan bajo concesiones y permisos oficiales. Las autoridades también deberán avanzar en los mecanismos de regulación del rubro para establecer condiciones más ordenadas en la prestación del servicio.
El entendimiento se produce en medio de la presión que representan los incrementos internacionales de los combustibles para la economía de los transportistas. Aunque el Ejecutivo ha aplicado subsidios para amortiguar el impacto en productos como el diésel, la gasolina regular y el LPG vehicular, los taxistas sostienen que necesitan medidas específicas que permitan compensar sus costos y mantener la actividad sin trasladar nuevas cargas a los usuarios.
Con la suspensión de las medidas de presión, el Gobierno gana espacio para concretar los compromisos asumidos, mientras el gremio queda a la espera de que se establezca el monto del bono y se materialicen las acciones anunciadas. Por ahora, el servicio de taxis continuará operando normalmente, aunque el cumplimiento de los acuerdos y la reducción de los costos de funcionamiento serán determinantes para evitar que el conflicto vuelva a escalar.
