Washington anunció este lunes nuevas restricciones migratorias contra funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, en una medida que alcanza a 27 personas y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado justificó la decisión en acusaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y acciones que, según la administración estadounidense, debilitarían gobiernos democráticamente elegidos y los esfuerzos regionales contra el crimen organizado.
El caso que ha generado mayor atención es el del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien Estados Unidos acusa de haber utilizado su posición para solicitar o aceptar sobornos destinados a facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y de ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia. El Departamento de Estado sostiene que esas acciones afectarían los esfuerzos estadounidenses contra el narcoterrorismo.
Mariaca, sin embargo, rechazó públicamente la decisión estadounidense y sostuvo que las investigaciones bajo su responsabilidad continuarán. El fiscal afirmó que la presión política, tanto nacional como internacional, no debe impedir el esclarecimiento de los hechos y mencionó entre las investigaciones sensibles de su oficina un caso relacionado con el argentino Fernando Cerimedo, estratega político vinculado al entorno del presidente estadounidense Donald Trump.
La medida también alcanza a más de una veintena de fiscales y jueces bolivianos, además de dos ciudadanos colombianos, dos ecuatorianos y un juez peruano. EFE detalló que entre los bolivianos figuran el exministro de Justicia Iván Manolo Lima, el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el fiscal Martín Daniel Irusta y otros funcionarios judiciales y policiales.
En Colombia, la lista incluye al empresario Euclides Antonio Torres y a la senadora Martha Isabel Peralta, mientras que en Perú aparece el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos. El Departamento de Estado también impuso restricciones a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque en la comunicación pública consultada no se identificaron sus nombres.
Las sanciones forman parte de “Shield of the Americas”, iniciativa impulsada por Trump para reforzar la cooperación de países del hemisferio contra los carteles y el narcotráfico. Reuters informó la semana pasada que 14 países latinoamericanos y caribeños que participan en la coalición se comprometieron a avanzar hacia sanciones conjuntas contra 24 organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El Departamento de Estado presentó las restricciones como parte de su compromiso de defender la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y el narcotráfico. La administración estadounidense ha utilizado en otras ocasiones las restricciones de visas como instrumento de presión sobre funcionarios extranjeros, por lo que la nueva decisión amplía una política que combina herramientas migratorias con objetivos de seguridad y política exterior.
La decisión abre así un nuevo capítulo en la relación de Washington con América Latina, particularmente con gobiernos que participan en el denominado Escudo de las Américas. Para los países afectados, las consecuencias inmediatas son individuales —relacionadas con el acceso a territorio estadounidense—, pero el alcance político de la medida dependerá de cómo respondan los gobiernos y las instituciones señaladas ante las acusaciones de Washington y de la evolución de las investigaciones mencionadas.
