Tegucigalpa, Honduras.— El interés de inversionistas internacionales por participar en el sector eléctrico hondureño habría aumentado tras la aprobación de la Ley de Justicia Energética, de acuerdo con declaraciones del gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting. El funcionario aseguró que durante reuniones sostenidas en Nueva York con organismos multilaterales y representantes de la banca internacional recibió comentarios favorables sobre los cambios introducidos al marco energético.
La reforma fue aprobada por el Congreso Nacional el 31 de agosto de 2026 con 78 votos a favor, después de un extenso debate legislativo. Entre sus principales disposiciones se encuentra la reorganización de la ENEE en una matriz estatal y tres sociedades dedicadas a generación, transmisión y distribución, manteniendo la propiedad pública de las acciones.
Uno de los cambios que las autoridades presentan como una señal para los potenciales inversionistas es la modificación del sistema de contratación de energía. La nueva legislación establece mecanismos de licitación y competencia para la adquisición de electricidad, sustituyendo esquemas de contratación directa, con el propósito declarado de mejorar la transparencia, la previsibilidad y las condiciones del mercado.
Peña Panting ha sostenido que precisamente esa modificación puede contribuir a generar mayor confianza entre quienes evalúan colocar capital en Honduras. Días antes de la aprobación de la ley, el gerente de la ENEE había advertido que mantener el esquema anterior podía afectar la inversión y encarecer futuras licitaciones; posteriormente afirmó que las reformas crean condiciones para reactivar inversiones que estaban paralizadas.
El Gobierno estima que el sistema eléctrico necesita inversiones de gran escala para atender sus necesidades de infraestructura, reducir pérdidas y mejorar la calidad y continuidad del servicio. La cifra de alrededor de 6,000 millones de dólares mencionada por Peña Panting corresponde a una estimación oficial sobre las necesidades de inversión del sector; no obstante, la materialización de ese capital dependerá de los proyectos concretos, las condiciones de financiamiento y la ejecución de los nuevos mecanismos establecidos por la legislación.
La apertura a una mayor participación privada no significa, según lo establecido en la reforma, la venta de la ENEE. La información sobre la ley indica que el Estado conservará la propiedad de la matriz y sus acciones, mientras las nuevas sociedades permitirán separar las actividades de generación, transmisión y distribución.
Entre las áreas que podrían concentrar inversiones figuran la incorporación de nueva capacidad de generación, la ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución y la actualización de equipos de medición y sistemas de control. El objetivo planteado por las autoridades es que la llegada de capital y la competencia permitan atender parte de las deficiencias acumuladas en el sistema eléctrico.
La situación financiera y operativa de la estatal constituye uno de los principales desafíos que busca abordar la reforma. La nueva ley también contempla disposiciones relacionadas con las pérdidas, el endeudamiento y la reorganización empresarial de la ENEE, mientras establece que la estatal deberá presentar al Congreso un informe sobre su deuda histórica dentro del plazo previsto en el decreto.
En materia tarifaria, la legislación establece un congelamiento temporal durante seis meses a partir de su entrada en vigencia, con posibilidad de una prórroga en los términos contemplados por el propio decreto. El texto legal establece además disposiciones relacionadas con subsidios y protección de determinados usuarios.
El comportamiento de los costos energéticos internacionales también forma parte del escenario que enfrenta Honduras. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mantiene mecanismos para calcular y actualizar las tarifas de acuerdo con los costos de generación y otros componentes del sistema; para la ENEE, las tarifas vigentes desde julio de 2026 fueron establecidas mediante la metodología regulatoria correspondiente.
Peña Panting ha advertido que Honduras tampoco está aislada de las variaciones internacionales de los combustibles y otros insumos energéticos. En ese contexto, el Ejecutivo plantea el congelamiento tarifario como una medida temporal para proteger a los usuarios, mientras se define la forma en que el Estado absorberá los eventuales costos asociados durante el período establecido por la ley.
La Ley de Justicia Energética representa, en consecuencia, un cambio estructural en el funcionamiento del subsector eléctrico hondureño: mantiene la propiedad estatal de la ENEE, modifica su organización interna, introduce nuevas reglas para la contratación de energía y busca crear condiciones para atraer inversión. El impacto real de estas medidas dependerá de su implementación, de la respuesta de los inversionistas y de la capacidad institucional para ejecutar los procesos de manera transparente y conforme al nuevo marco legal.
