Tegucigalpa, Honduras.— Una nueva fase de planificación operativa se desarrolla en Honduras luego de los primeros resultados de la Operación Escudo de Honduras, estrategia desplegada tras las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y las reformas aprobadas por el Congreso Nacional para fortalecer la persecución de organizaciones criminales y asociaciones declaradas terroristas. La Policía Nacional confirmó que los entes de seguridad mantienen activos los mecanismos de coordinación para ejecutar acciones contra estructuras vinculadas con delitos de alto impacto.
El siguiente paso consiste en evaluar los resultados obtenidos y reajustar los despliegues, tomando en consideración los niveles de incidencia delictiva, información de inteligencia y presencia identificada de estructuras criminales. La finalidad es concentrar las capacidades disponibles en territorios y objetivos previamente priorizados, en lugar de dispersar los recursos operativos.
La estrategia contempla una participación conjunta de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Policía Militar del Orden Público y Ministerio Público, con énfasis en el intercambio de información y el fortalecimiento de las investigaciones. Precisamente, este 25 de septiembre las secretarías de Seguridad y Defensa sostuvieron una reunión para coordinar acciones frente al narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos generadores de violencia.
En las principales ciudades del país, los equipos de seguridad trabajan en la identificación de sectores considerados estratégicos para futuras intervenciones. El modelo anunciado combina prevención y disuasión con inteligencia, investigación criminal y acciones judiciales, dependiendo de las características de cada territorio y de los objetivos establecidos.
Cuando las investigaciones lo determinen, las operaciones podrán desarrollarse con órdenes judiciales de captura, allanamiento y otras diligencias autorizadas por las autoridades competentes. El propósito es que las intervenciones estén respaldadas por información previamente procesada y que los elementos obtenidos puedan incorporarse posteriormente a los expedientes judiciales.
La evaluación de los primeros operativos también permitirá modificar tácticas y redistribuir personal, equipos y capacidades de investigación. De acuerdo con el enfoque anunciado por las autoridades, la coordinación entre los diferentes componentes del Estado busca mejorar la prevención, fortalecer la persecución penal y avanzar en la desarticulación de estructuras criminales.
Los primeros despliegues ya han producido capturas y decomisos relacionados con diferentes delitos. Entre los casos reportados por la Policía figuran investigaciones por extorsión, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, robo de vehículos y motocicletas, porte ilegal de armas y otros hechos vinculados con estructuras criminales. En Choloma, por ejemplo, dos presuntos integrantes de la MS-13 enfrentan prisión preventiva por tráfico de drogas y porte ilegal de armas, después de una investigación desarrollada por la DAET.
Las armas de fuego constituyen otro de los focos de las operaciones. Durante los procedimientos han sido incautados fusiles, pistolas, municiones y otros indicios que posteriormente son sometidos a análisis para establecer su posible relación con hechos delictivos. En Santa Bárbara, la Policía reportó a comienzos de septiembre la detención de dos hombres que transportaban tres fusiles AR-15, mientras se investigaba la procedencia y el eventual destino del armamento.
Ese caso adquiere relevancia dentro de la estrategia porque las autoridades investigan no solamente la tenencia o transporte de las armas, sino también sus posibles conexiones con organizaciones criminales. De manera similar, en agosto la DAET y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) reportaron la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Argueta” en Omoa, donde fueron decomisados tres fusiles de asalto, además de supuesta cocaína y marihuana.
El control del armamento de alto poder de fuego aparece así como uno de los componentes de la intervención territorial, particularmente por su potencial utilización en acciones violentas. Las investigaciones deberán establecer en cada expediente la procedencia de las armas, sus posibles destinatarios y cualquier vínculo con organizaciones criminales, antes de que tales elementos puedan ser utilizados como evidencia dentro de los procesos judiciales.
Las medidas operativas se producen además después de que el Congreso Nacional aprobara reformas a la legislación penitenciaria para endurecer las condiciones de reclusión de personas capturadas como integrantes de grupos declarados terroristas. Entre las disposiciones aprobadas figuran el traslado a cárceles de máxima seguridad, áreas de aislamiento, vigilancia reforzada y restricciones sobre determinadas actividades y comunicaciones.
Con este escenario, la Agencia Nacional Contra el Crimen mantiene un ciclo de planificación, ejecución, evaluación y reajuste de sus operaciones. El objetivo oficial es concentrar de manera coordinada las capacidades de seguridad, defensa, inteligencia e investigación para intervenir territorios priorizados, capturar a personas vinculadas a actividades ilícitas y presentar los casos ante los tribunales, dentro del marco legal vigente.
