Tegucigalpa, Honduras.— El Gobierno de Estados Unidos expresó este viernes su respaldo a las autoridades hondureñas tras la aprobación de reformas y medidas legales dirigidas contra la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo, estructuras que fueron declaradas asociaciones terroristas en Honduras. El pronunciamiento fue realizado por Juan Pablo Segura, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, mediante su cuenta oficial en X.
“Felicitamos a las autoridades de Honduras” por la designación de estas organizaciones, manifestó Segura, quien sostuvo que los tres grupos representan una amenaza directa para “la paz, la seguridad y la prosperidad” del hemisferio. De acuerdo con el funcionario estadounidense, la decisión hondureña puede fortalecer la capacidad de respuesta frente al tráfico de drogas, contribuir al combate del financiamiento criminal y ampliar la cooperación para la protección de las fronteras.
El mensaje de Segura fue posteriormente difundido por la representación diplomática estadounidense en Honduras, convirtiéndose en una señal pública de respaldo de Washington a las medidas adoptadas por las instituciones hondureñas. La reacción ocurre después de que el Congreso Nacional aprobara esta semana la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, en la que quedaron identificadas las tres estructuras criminales.
La decisión tiene como antecedente una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrada el 18 de septiembre, en la que fueron declaradas terroristas la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. Posteriormente, el Poder Legislativo comenzó a aprobar las herramientas jurídicas anunciadas para respaldar la determinación y modificar el régimen aplicable a los integrantes de esas organizaciones.
Entre las disposiciones ya aprobadas figura una reforma a la normativa penitenciaria que establece que las personas capturadas como integrantes de grupos declarados terroristas sean trasladadas a establecimientos de máxima seguridad y áreas de aislamiento, incluso cuando todavía no hayan sido condenadas. El Congreso también aprobó restricciones y supervisión de las visitas, además de mecanismos de interferencia de comunicaciones dentro de los centros penitenciarios.
La ofensiva legislativa no se limita al sistema penitenciario. El Congreso Nacional también ha planteado reformas al Código Procesal Penal relacionadas con las capturas de personas señaladas como integrantes de organizaciones terroristas y con la creación de mecanismos judiciales especializados. Algunas de estas modificaciones se encontraban en proceso de análisis, incluida una iniciativa remitida a la Corte Suprema de Justicia para obtener su opinión antes de su eventual aprobación.
En ese contexto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas como instrumentos destinados a fortalecer la capacidad de los operadores de justicia frente al crimen organizado. El Legislativo informó que la aprobación de las modificaciones penitenciarias se produjo por unanimidad y que Zambrano las calificó como un asunto relacionado con la seguridad nacional.
Zambrano había sostenido previamente que “ha llegado el momento de tomar decisiones y medidas contra el crimen” y planteó la necesidad de dotar de recursos y herramientas a los operadores de justicia para enfrentar la violencia. Con el respaldo expresado por Estados Unidos, Honduras entra ahora en una nueva etapa de aplicación de las medidas anunciadas, cuyo alcance dependerá de la implementación de las reformas, la actuación de las instituciones de seguridad y justicia y los controles establecidos por la legislación hondureña.
