La pérdida de cultivos y las dificultades para acceder al agua llevaron a representantes de comunidades del Corredor Seco hondureño hasta el Congreso Nacional, donde plantearon la necesidad de una respuesta institucional ante el deterioro de las condiciones de vida en esa región. El planteamiento fue presentado al diputado Yuri Cristhian Sabas Gutiérrez, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, con acompañamiento técnico del Centro de Desarrollo Humano (CDH).

Durante la reunión, defensoras y defensores de derechos humanos, tierra, territorio y bienes comunes provenientes de zonas del centro-occidente y sur del país describieron los efectos que la falta prolongada de lluvias está provocando en las comunidades. Entre los principales problemas expuestos figuran la pérdida de cosechas, la escasez de agua y la reducción de las posibilidades de generación de ingresos para familias que dependen directamente de las actividades agrícolas.

El escenario descrito coincide con informes recientes de organismos internacionales. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló el 22 de septiembre que Honduras enfrenta una grave sequía, con déficit prolongado de precipitaciones en las regiones sur y occidente, y reportó 103 municipios bajo alerta roja. El organismo advirtió además sobre pérdidas de producción agrícola, escasez de agua e incremento de las necesidades humanitarias.

La magnitud del impacto también ha sido documentada en el sector productivo. Un análisis publicado por Proceso Digital el 20 de septiembre recogió la advertencia del especialista Guillermo Cerritos sobre pérdidas prácticamente totales en cultivos de primera de maíz y frijol entre pequeños productores de subsistencia del Corredor Seco, además de riesgos para la cosecha de postrera.

Para las organizaciones participantes en la reunión, sin embargo, la problemática no debe abordarse únicamente como una consecuencia temporal de la sequía. Según expusieron, la presión sobre los territorios vinculada a determinados proyectos extractivos también estaría deteriorando suelos y fuentes de agua, situación que, desde su perspectiva, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

“La crisis que viven las comunidades del Corredor Seco ya no puede ser vista únicamente como un problema ambiental”, señalaron los profesionales que acompañaron la petición. En su planteamiento, la emergencia tiene consecuencias directas sobre la alimentación, el acceso al agua, la producción y la permanencia de las familias en sus territorios.

Como resultado del encuentro, Yuri Sabas asumió el compromiso de gestionar un segundo espacio de diálogo con el pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. El objetivo planteado por las comunidades es que la discusión pueda avanzar hacia medidas concretas, seguimiento institucional y acciones destinadas a proteger sus medios de vida y los recursos naturales.

La solicitud se presenta mientras distintas instituciones ya ejecutan programas para enfrentar la emergencia. La SAG, AMHON y SERNA anunciaron el 17 de septiembre un convenio para construir obras de cosecha de agua en municipios afectados por la sequía, mientras el Gobierno informó que contempla reservorios, pozos, bombas solares y sistemas de riego. A su vez, Naciones Unidas y FAO reportaron que 2,500 familias de cinco municipios del Corredor Seco recibieron apoyo para fortalecer su capacidad de enfrentar la sequía y proteger sus medios de vida. El CDH anunció que continuará acompañando el proceso y promoviendo el diálogo con las instituciones para dar seguimiento a los acuerdos y a las demandas planteadas por las comunidades.