Tegucigalpa, Honduras.— La fiscalización del financiamiento político en Honduras entró este jueves en una nueva etapa con la divulgación de resultados correspondientes a las elecciones generales de 2025. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) identificó 14 candidatos electos que no presentaron su informe financiero, mientras que otros cientos de sujetos obligados enfrentarán procedimientos administrativos por incumplimientos relacionados con la rendición de cuentas.

El universo revisado por Política Limpia comprende 427 cargos electos: una Presidencia de la República, 128 diputaciones propietarias y 298 alcaldías. De ese total, 413 presentaron físicamente su documentación financiera y 14 no lo hicieron, lo que representa un cumplimiento del 96.72 % entre los candidatos electos incluidos en la revisión.

De acuerdo con el listado divulgado, los 14 casos corresponden a 10 alcaldes y cuatro diputados, pertenecientes a los partidos Liberal y Nacional. La falta de presentación del informe no equivale por sí misma a una condena penal: la UFTF mantiene procedimientos administrativos para determinar las consecuencias que correspondan conforme a la legislación de financiamiento político.

El anuncio adquiere mayor relevancia porque la UFTF también informó que más de 500 candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025 serán objeto de sanciones por distintos incumplimientos relacionados con la rendición de cuentas. La información revela que de aproximadamente 2,000 aspirantes considerados en la fiscalización, alrededor de 1,500 cumplieron con la entrega de sus estados financieros y respaldos de egresos.

En este contexto aparece el caso de Salvador Nasralla, a quien Política Limpia, una institución que a criterio de analistas políticos es altamente instrumentalizadada desde los mismos partidos políticos a los que pertenece cada comisionado, impuso una multa de 146.4 millones de lempiras. Según la secretaria adjunta de la UFTF, Marta María Martínez, la sanción está relacionada con la falta de notificación oportuna de 21 aportaciones privadas por un valor total de 73.2 millones de lempiras. La multa aplicada corresponde al doble de esa cantidad.

La comisionada Ivonne Ardón, que representa al Partido Liberal en la UFTF, explicó que presentar un informe no significa necesariamente que este haya cumplido todos los parámetros establecidos por la legislación. Según su explicación, el informe de Nasralla fue recibido dentro del plazo, pero la revisión posterior detectó aspectos que, a criterio del pleno, no fueron subsanados. Parte de esos hallazgos, añadió, corresponde investigarlos al Ministerio Público.

Ardón también enfatizó que la Unidad trabaja fundamentalmente con la documentación proporcionada por los responsables financieros de los candidatos. Debido a las reglas de reserva aplicables a determinados procesos de fiscalización e investigación, la funcionaria señaló que la institución no puede divulgar públicamente el contenido específico de los hallazgos mientras estos permanezcan bajo investigación.

Uno de los puntos centrales expuestos por la comisionada es que las 21 aportaciones cuestionadas superaban el equivalente a 120 salarios mínimos. Según la interpretación expresada por Ardón, la legislación establece para el primer incumplimiento una sanción equivalente al doble del monto recibido y, ante una reincidencia, podría aplicarse una multa equivalente al triple. La UFTF sostiene que no está creando la sanción, sino aplicando las disposiciones establecidas en la ley.

La aplicación de sanciones no es un mecanismo nuevo dentro de la actuación de Política Limpia. En junio de 2025, la UFTF informó que había abierto 1,704 expedientes sancionatorios contra precandidatos de las elecciones primarias que no cumplieron con sus obligaciones de rendición de cuentas. En aquel momento, la institución calculaba multas globales de aproximadamente 145 millones de lempiras.

Meses después, en octubre de 2025, la UFTF anunció una segunda multa de aproximadamente 1.4 millones de lempiras para candidatos y precandidatos que persistieran en el incumplimiento de presentar sus informes financieros. Ese antecedente muestra que los procedimientos pueden avanzar desde una primera sanción hacia medidas económicas mayores cuando persiste la omisión.

Incluso durante 2026 el Congreso Nacional aprobó una medida transitoria relacionada con candidatos de alcaldías y diputaciones que habían incumplido determinadas obligaciones de rendición de cuentas correspondientes a las elecciones de 2025. La UFTF manifestó entonces que no había participado en la aprobación de esa medida y que esperaba conocer oficialmente sus alcances para proceder conforme a derecho.

La propia UFTF documentó anteriormente que, después de las elecciones primarias de marzo de 2025, ordenó abrir expedientes contra quienes no habían presentado sus informes dentro del plazo. En un acuerdo institucional de septiembre de ese año se dejó constancia de la instrucción de iniciar procedimientos sancionatorios contra los sujetos obligados que permanecieran en incumplimiento.

Con el nuevo listado de candidatos electos y la millonaria sanción contra Nasralla, Política Limpia sostiene que está ejerciendo su función de fiscalizar el origen, uso y destino de los recursos utilizados en las campañas políticas. Ardón rechazó que la institución tenga facultades para decidir quién participa o deja de participar en una elección y sostuvo que la UFTF no inscribe ni desinscribe candidatos.

La controversia, sin embargo, trasciende los aspectos financieros. Nasralla ha rechazado que la resolución pueda interpretarse como una sentencia penal y ha anunciado que utilizará los recursos legales disponibles. Además, ha cuestionado públicamente el momento de la actuación de Política Limpia, debido a su decisión de continuar participando en la vida interna del Partido Liberal y buscar la conducción de esa organización.

El escenario deja planteados dos asuntos diferentes que deberán seguir su curso: por un lado, los procedimientos administrativos contra los 14 candidatos electos que no presentaron sus informes y contra los demás sujetos obligados señalados por la UFTF; por otro, la impugnación y defensa que pueda presentar Nasralla frente a la multa de L146.4 millones. La documentación oficial y las resoluciones que queden firmes serán determinantes para establecer las responsabilidades correspondientes.

La UFTF mantiene en el Portal Único de Transparencia sus acuerdos, informes y documentos institucionales. Su informe anual de 2025 señala que durante ese período fortaleció las actividades de capacitación, auditoría, fiscalización y recepción de informes financieros, además de aplicar mecanismos de control y sanción en los procesos electorales.