Tegucigalpa, Honduras.— La controversia alrededor de la fiscalización de los fondos utilizados durante las elecciones generales de 2025 tomó un nuevo giro luego de que Salvador Nasralla confirmara haber recibido una resolución de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Política Limpia. La UFTF, que actualmente está integrada por tres comisionados, informó esta semana sobre su trabajo de fiscalización de los recursos electorales.
Nasralla sostuvo que el informe financiero correspondiente a su campaña fue presentado dentro del plazo establecido y acompañado de la documentación requerida. Afirmó que la resolución contiene cuestionamientos de carácter administrativo y documental, pero rechazó que exista una sentencia que determine que se apropió, robó o malversó dinero utilizado durante la campaña.
La resolución, según información difundida en medios, fue aprobada durante una sesión del pleno de comisionados celebrada el miércoles 16 de septiembre y posteriormente notificada al excandidato presidencial. El medio reportó que los hallazgos estarían relacionados con aproximadamente 70 millones de lempiras cuya justificación habría sido cuestionada, incluyendo diferencias entre fondos recaudados y declarados, depósitos en cuentas personales, aportaciones mediante terceros y una cuenta en el extranjero.
Frente a esos señalamientos, el político anunció que su defensa será desarrollada por la vía institucional. Según explicó, sus abogados analizarán cada uno de los cuestionamientos y utilizarán los recursos que permita el ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución, las leyes y los reglamentos aplicables.
Pero Nasralla no se limitó a cuestionar el contenido de la resolución. En su pronunciamiento introdujo un segundo elemento que considera relevante: el momento en que Política Limpia decidió actuar, precisamente cuando él ha anunciado su intención de continuar participando activamente en el Partido Liberal y disputar la conducción del Consejo Central Ejecutivo de esa organización política.
El excandidato planteó que no descarta una motivación política y mencionó la posibilidad de que sectores del Partido Nacional y del propio Partido Liberal tengan interés en impedir su participación. Esa interpretación corresponde a Nasralla y, hasta ahora, no constituye una conclusión establecida por una autoridad judicial o investigativa.
La controversia adquirió otra dimensión cuando Nasralla hizo referencia a investigaciones relacionadas con los propios integrantes de Política Limpia. Según afirmó, los comisionados estarían siendo investigados por el pago de más de 10 millones de lempiras en horas extras, pagos que, a su juicio, habrían violentado las disposiciones que regulan las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Ese señalamiento merece una precisión jurídica. Las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2026 establecen expresamente que determinados funcionarios que prestan promesa de ley, entre ellos los comisionados, están excluidos del pago de horas extras. La normativa vigente también contempla reglas específicas para el reconocimiento del trabajo extraordinario de otros servidores públicos.
Sin embargo, la existencia y alcance de una investigación específica por más de 10 millones de lempiras contra los actuales comisionados de Política Limpia debe ser acreditada mediante documentación oficial o una resolución de las instituciones competentes. En la revisión realizada para esta nota no se encontró una fuente oficial que confirme ese monto y que establezca responsabilidades individuales. Por ello, el dato se presenta como un señalamiento formulado por Nasralla.
El tema resulta especialmente sensible porque Política Limpia es precisamente la institución encargada de fiscalizar los recursos de partidos políticos, movimientos internos, candidatos y campañas electorales. Su portal oficial señala que la unidad está integrada actualmente por Ivonne Ardón, Julio Vladimir Vargas y Juan Pablo Hernández Agurcia.
En junio pasado, además, el Ministerio Público citó a la entonces presidenta de Política Limpia, Ivonne Ardón, dentro de diligencias relacionadas con una investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos partidarios vinculados con el Partido Liberal y Nasralla. La comparecencia fue reportada como parte de una investigación por supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Ese antecedente es mencionado ahora por Nasralla para cuestionar el contexto en el que se produce la nueva resolución. No obstante, una investigación fiscal o una comparecencia en calidad de testigo no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad, por lo que ambos asuntos deben mantenerse separados hasta que las autoridades establezcan responsabilidades.
Otro de los argumentos expuestos por Nasralla tiene que ver con la conformación del pleno que habría conocido el expediente. El dirigente aseguró que durante la reunión del miércoles 16 de septiembre no estuvieron presentes los tres integrantes y cuestionó la legitimidad de las actuaciones adoptadas. La UFTF, de acuerdo con su información institucional, está conformada por tres comisionados.
También puso en duda el fundamento reglamentario utilizado en el procedimiento. Nasralla afirmó que uno de los argumentos utilizados por Política Limpia estaría basado en el artículo 39 de un reglamento que, según su interpretación, correspondía específicamente a las elecciones de 2017 y ya no tendría vigencia.
Ese punto tendrá que ser definido mediante el análisis jurídico del expediente. La UFTF mantiene en su portal institucional resoluciones, acuerdos y demás documentos relacionados con sus actuaciones, por lo que la documentación oficial será fundamental para establecer qué norma fue aplicada, cuál es la conducta cuestionada y qué recursos tiene disponibles el sujeto obligado.
Nasralla también cuestionó las informaciones que comenzaron a circular en medios y redes sociales en las que se le presentó como “sancionado”. Su argumento es que la notificación constituye una actuación administrativa que puede ser recurrida y que, por tanto, no debe confundirse con una sentencia penal ni con una declaración judicial de responsabilidad.
En paralelo, el excandidato recordó otra denuncia que presentó ante el Ministerio Público relacionada con Fernando Cerimedo, consultor político argentino vinculado a la campaña del Partido Nacional en 2025. Nasralla pidió investigar quién habría financiado los servicios del asesor y cuestionó además su posterior vinculación con el Gobierno. Ese asunto también se encuentra dentro del terreno de las denuncias e investigaciones y no debe confundirse con una responsabilidad judicialmente acreditada.
La reacción de Nasralla ocurre mientras Política Limpia enfrenta también cuestionamientos institucionales. Este jueves, la comisionada Ivonne Ardón denunció que el Estado retiró la protección asignada a los integrantes del pleno, precisamente durante la presentación de información relacionada con la fiscalización de los recursos utilizados en las elecciones de 2025.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, pidió por su parte conocer y analizar el informe de Política Limpia antes de sacar conclusiones sobre posibles motivaciones políticas. Castellanos manifestó que el CNA esperaba desde hace meses conocer los resultados del trabajo de fiscalización y que revisará la documentación dentro de sus atribuciones.
Mientras tanto, Nasralla asegura que la resolución no modificará su decisión de continuar participando en la política nacional. El dirigente afirmó que defenderá su caso por las vías jurídicas correspondientes, pero que simultáneamente continuará dentro del Partido Liberal y buscará participar en la disputa por el liderazgo de esa organización.
El caso queda ahora abierto en dos frentes: el administrativo, donde deberán establecerse los alcances de los hallazgos financieros y los recursos que correspondan, y el político, donde Nasralla sostiene que continuará buscando espacio dentro del liberalismo. Los cuestionamientos sobre los pagos a los comisionados, al igual que las acusaciones de una eventual motivación política, deberán ser respaldados o descartados mediante investigaciones y documentos oficiales. La propia UFTF mantiene disponibles sus resoluciones y acuerdos en el Portal Único de Transparencia.
