Un día antes de que entrara en vigor la nueva regulación migratoria, un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump suspender su aplicación, en una decisión que representa un revés para la política de endurecimiento migratorio de la administración republicana. La resolución afecta las nuevas restricciones previstas para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y representantes de medios de comunicación internacionales.

El fallo fue emitido por F. Dennis Saylor IV, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, quien consideró particularmente débil la explicación ofrecida por el Ejecutivo para modificar el sistema vigente. La normativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pretendía sustituir el esquema conocido como duration of status, que durante décadas permitió a determinados extranjeros permanecer legalmente mientras mantuvieran las condiciones de su programa académico o laboral.

La regulación tenía previsto establecer un límite máximo de cuatro años para las visas F de estudiantes y J de intercambio, obligando a quienes necesitaran más tiempo a solicitar una extensión. Para los periodistas amparados por visas I, el período inicial habría quedado restringido a 240 días, también con posibilidad de solicitar una extensión. En el caso de periodistas de nacionalidad china, el límite contemplado era de apenas 90 días.

El DHS defendió la reforma bajo argumentos relacionados con seguridad nacional, control migratorio y prevención del abuso del sistema de visas. Sin embargo, Saylor cuestionó que la agencia hubiera demostrado de manera suficiente la necesidad de abandonar un mecanismo que había estado vigente durante décadas. Según Reuters, el juez consideró que la administración no estableció una conexión racional entre los objetivos que decía perseguir y las restricciones adoptadas.

La controversia también tiene una dimensión económica y académica. Organizaciones educativas sostuvieron ante el tribunal que la medida podía perjudicar a universidades estadounidenses, programas de investigación y centros científicos que dependen de estudiantes y especialistas extranjeros. STAT señaló que investigadores internacionales representan una parte significativa de la fuerza laboral de las ciencias de la vida en Estados Unidos, por lo que una reducción de su permanencia podría repercutir en la capacidad investigadora del país.

Los periodistas extranjeros también quedaron en el centro de la disputa. Organizaciones que representan a trabajadores de los medios cuestionaron que el Gobierno pretendiera reducir drásticamente los períodos de permanencia de corresponsales internacionales. El NewsGuild-CWA sostuvo que la nueva regulación habría impuesto restricciones particularmente severas a periodistas que trabajan para medios extranjeros, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas ya había advertido anteriormente sobre las consecuencias de acortar la duración de las visas I.

La demanda fue presentada por una coalición de asociaciones educativas y sindicatos, cuyos representantes argumentaron que el DHS no evaluó adecuadamente los costos y beneficios de la reforma, no respondió de manera suficiente a los comentarios recibidos durante el proceso regulatorio y no estudió alternativas menos perjudiciales. Los demandantes también sostuvieron que la agencia federal se excedió en su autoridad y no otorgó un período adecuado para la participación pública.

Por ahora, la batalla legal continúa y la decisión del juez constituye un bloqueo temporal, no una eliminación definitiva de la normativa. La regulación había sido publicada el 17 de julio y tenía como fecha oficial de entrada en vigor el 15 de septiembre de 2026. Mientras avanza el litigio, el Gobierno de Trump deberá defender ante los tribunales la legalidad y necesidad de una medida que afecta directamente a estudiantes internacionales, investigadores, participantes de intercambio y periodistas extranjeros.