Nicaragua atraviesa una nueva fase de su prolongada crisis institucional. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó el 1 de septiembre una reforma parcial de la Constitución impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una primera legislatura que deberá ser seguida por una segunda votación para su ratificación. La reforma fue publicada al día siguiente en La Gaceta, Diario Oficial.

El contenido de la iniciativa ha provocado una fuerte reacción de sectores opositores y organismos internacionales porque modifica nuevamente las reglas del sistema político nicaragüense. Entre sus disposiciones figura la ampliación de seis a siete años del período de la denominada copresidencia, además de restricciones para que determinadas personas puedan aspirar a cargos públicos o de elección popular.

La reforma no entra todavía en su fase definitiva. De acuerdo con la información disponible, la segunda legislatura está prevista para enero de 2027, por lo que el proceso constitucional aún requiere ese paso para completar su aprobación. Sin embargo, el primer voto ya ha generado preocupación internacional por el alcance político de las modificaciones propuestas.

Uno de los puntos más controvertidos está en el artículo 47 reformado, que establece impedimentos para que sean candidatos o ejerzan cargos públicos quienes sean considerados “traidores a la patria”, así como personas vinculadas, según la definición incorporada por el régimen, con la planificación, financiamiento o ejecución de un supuesto golpe de Estado. EFE reportó que estas disposiciones podrían alcanzar a cientos de opositores previamente desnacionalizados.

Para las organizaciones de la oposición democrática que suscribieron la denuncia difundida el 4 de septiembre, esta arquitectura constitucional representa mucho más que una modificación jurídica. Sostienen que se trata de la culminación de un proceso mediante el cual el poder político habría utilizado las instituciones estatales para modificar las reglas de permanencia en el Gobierno y cerrar progresivamente los espacios de competencia electoral.

La denuncia opositora cuestiona además la forma en que se desarrolló la consulta previa a la reforma. Según su interpretación, la participación ciudadana no habría constituido una deliberación plural y abierta, sino una convocatoria dominada por estructuras vinculadas al oficialismo, incluyendo funcionarios, organizaciones dependientes del Estado y miembros del entorno político de Ortega y Murillo. El Gobierno nicaragüense, en cambio, sostiene que la reforma fue sometida a una amplia consulta con diferentes sectores del país.

El enfrentamiento sobre la legitimidad del proceso ocurre después de una transformación constitucional de gran alcance aprobada en 2025. Human Rights Watch señaló que aquella reforma otorgó a la Presidencia facultades para “coordinar” otros poderes del Estado y convirtió a Rosario Murillo en copresidenta, profundizando la concentración del poder ejecutivo.

Ahora, el nuevo paquete constitucional pretende llevar esa transformación un paso más adelante. La ampliación de los períodos de gobierno, sumada a las restricciones para determinados sectores de la oposición, es interpretada por organismos de derechos humanos como un mecanismo que reduce las posibilidades de alternancia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido en agosto que la iniciativa podía institucionalizar la permanencia indefinida en el poder y restringir los derechos políticos.

La preocupación también alcanza el futuro de las elecciones. Daniel Ortega declaró públicamente que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, afirmación que la CIDH calificó como especialmente grave. La Secretaría General de la OEA sostuvo posteriormente que eliminar las elecciones supondría una negación formal del derecho soberano del pueblo nicaragüense a escoger a sus gobernantes.

El calendario electoral también ha sufrido modificaciones. La reforma anterior ya había extendido el período presidencial de cinco a seis años y había situado el siguiente proceso electoral en 2027; con la nueva modificación, la elección presidencial originalmente prevista para 2026 vuelve a quedar desplazada, según reportes internacionales, hasta 2028. La segunda reforma constitucional deberá ser ratificada para completar ese nuevo marco.

Otro elemento que ha despertado preocupación es la pretensión de limitar dentro de Nicaragua el efecto jurídico de determinadas normas extranjeras. La versión oficial de la reforma publicada por La Gaceta señala que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en el territorio nacional. Para sus críticos, esta disposición forma parte de un proceso más amplio de blindaje frente a presiones y obligaciones internacionales.

La oposición también vincula la nueva reforma con el progresivo debilitamiento de los contrapesos institucionales. Organizaciones internacionales han documentado durante los últimos años detenciones arbitrarias, exilios forzados, pérdida de nacionalidad, confiscaciones y restricciones contra organizaciones de la sociedad civil y medios independientes. Human Rights Watch sostiene que estas prácticas se han producido paralelamente a una creciente concentración del poder estatal.

La reacción internacional no se hizo esperar. Estados Unidos calificó la aprobación legislativa como un nuevo intento de consolidar la “dinastía” Ortega-Murillo y llamó a sus socios a reconsiderar las relaciones comerciales habituales con Nicaragua. La declaración estadounidense se produjo inmediatamente después de la aprobación en primera legislatura.

La OEA, por su parte, ya había intensificado su atención sobre la situación nicaragüense. En agosto, el organismo convocó una reunión urgente sobre Nicaragua y su Secretaría General advirtió que las restricciones al espacio cívico, la persecución de opositores, el exilio y la eliminación de los contrapesos son incompatibles con los principios democráticos. Para la CIDH, las nuevas modificaciones constitucionales profundizan una trayectoria autoritaria que viene desarrollándose desde años anteriores.

El escenario que se abre ahora enfrenta dos interpretaciones radicalmente opuestas: mientras el Gobierno presenta la reforma como una defensa de la soberanía, la estabilidad y la seguridad nacional, sus críticos la consideran un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema político sin alternancia efectiva. La denuncia de las organizaciones opositoras llama a la comunidad internacional a no reconocer como legítima una modificación que, según sostienen, priva a los nicaragüenses de su derecho a elegir y ser electos. El desenlace dependerá ahora de la segunda legislatura prevista para enero de 2027, pero la batalla política ya trasciende las fronteras de Nicaragua.