Hay una contradicción que comienza a definir la economía hondureña de 2026: mientras las estadísticas macroeconómicas hablan de crecimiento, en calles, barrios, centros comerciales, parques industriales y pequeños municipios se multiplican los locales vacíos, los rótulos de “se alquila” y los negocios que anuncian su último día de atención. No se trata de una percepción aislada. Distintas organizaciones empresariales y gremiales han advertido sobre una ola de cierres, aunque las cifras disponibles difieren considerablemente según la fuente y la metodología utilizada.

El registro más sólido desde el punto de vista administrativo es el del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Aparte del anuncio hecho este viernes, 4 de septiembre en el que  se anuncia el cierre de operaciones del restaurante Riora’s en Ciudad Nueva, en Tegucigalpa, hasta el 14 de agosto de 2026, la institución contabilizaba 234 empresas que habían formalizado su cierre de operaciones durante el año. El dato incluye compañías de distintos tamaños y actividades: comercio, reparación de vehículos, manufactura, alojamiento, restaurantes, transporte, actividades financieras, profesionales, inmobiliarias y servicios de salud.

Pero, esos 234 casos no pueden interpretarse como el universo completo de empresas desaparecidas. El propio reporte sobre los datos del SAR advierte que muchas compañías que dejan de operar no realizan inmediatamente el trámite de cierre tributario, por lo que pueden continuar figurando administrativamente como activas. La diferencia entre “empresa que dejó de funcionar” y “empresa que formalizó su cierre ante el Estado” resulta fundamental para entender por qué las cifras oficiales son considerablemente menores que las estimaciones gremiales.

De hecho, el registro tributario muestra que entre 2022 y 2026 se han formalizado 1,483 cierres, con 352 en 2022, 562 en 2023, 277 en 2024, 58 hasta junio de 2025 y 234 hasta mediados de agosto de 2026. Si se compara el ritmo registrado en 2026 con años anteriores, el comportamiento merece atención: los 234 cierres formalizados hasta agosto ya superan ampliamente los 58 reportados para la primera mitad de 2025.

Sin embargo, una cifra todavía más elevada circula entre los representantes de las micro y pequeñas empresas. La Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH) estimó que unas 6,000 microempresas habrían dejado de operar durante los primeros meses de 2026. Su representante, Efraín Rodríguez, calificó el cálculo como conservador y vinculó la situación con el costo de la energía, los apagones, alquileres, precios de la canasta básica y dificultades financieras.

Existe, además, una estimación todavía más dramática. El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), Victorino Carranza, afirmó que alrededor de 30,000 negocios habrían cerrado durante 2026 y que la pérdida de empleos podría superar los 80,000 puestos. Esa cifra ha sido difundida por medios nacionales y también aparece en publicaciones de las redes sociales del propio sector.

Las diferencias entre 234, 6,000 y 30,000 no significan necesariamente que alguna de las cifras sea una falsificación. Representan, principalmente, tres universos estadísticos diferentes: cierres tributariamente formalizados, estimaciones de microempresas y una estimación gremial mucho más amplia. 

El sector de los restaurantes, principal termómetro de la crisis

El sector gastronómico ofrece una fotografía particularmente visible de esta presión. La Asociación Gastronómica de Honduras calcula que alrededor de 50 restaurantes y cafeterías han cerrado operaciones en el país durante los últimos meses. Napoleón Murillo, presidente de la organización, explicó que unas 25 marcas conocidas dejaron de operar y que varias tenían más de un establecimiento, elevando la cantidad aproximada de locales afectados a medio centenar.

El golpe no termina en las puertas del restaurante. Según el mismo gremio, esos cierres representarían aproximadamente 2,000 empleos afectados, entre directos e indirectos. Cuando desaparece un restaurante también disminuye la demanda de alimentos, bebidas, transporte, servicios de limpieza, mantenimiento, distribución y otros proveedores. En otras palabras, un establecimiento que baja la cortina puede generar una reacción económica mucho mayor que la pérdida de sus trabajadores directos.

Los empresarios gastronómicos describen una combinación especialmente complicada: insumos más caros, impuestos, cargos municipales, alquileres, electricidad, financiamiento y menor afluencia de clientes. El problema no es solamente que vender resulte más difícil; es que producir y mantener abierto el establecimiento también cuesta más. Cuando ambas curvas —ingresos y gastos— se mueven en direcciones opuestas, la supervivencia empresarial se vuelve una carrera contra el tiempo.

El caso de Ruby Tuesday ilustra el fenómeno desde otro ángulo. La cadena anunció el final de sus operaciones en Honduras después de 25 años de presencia, con cierre previsto para octubre. Su salida no representa estadísticamente una crisis completa del sector por sí misma, pero sí demuestra que el fenómeno ha alcanzado incluso a marcas consolidadas con décadas de presencia en el mercado nacional.

La maquila

En el norte hondureño, la fotografía es diferente, pero el resultado puede ser parecido: menos operaciones y menos empleos. El caso más concreto es el de Textiles Merendón, cuya operación en Choloma culminó su proceso de cierre en febrero de 2026. La empresa había pasado de aproximadamente 1,100 trabajadores a unos 400 durante el proceso, antes de encaminarse hacia el cese definitivo de actividades.

La particularidad de la maquila es que no todos los retrocesos significan necesariamente la desaparición de una empresa. Una compañía puede cerrar una planta, trasladar una línea de producción, reducir personal o mover determinadas operaciones a otro país y continuar presente en Honduras. Por eso, para analizar este sector hay que diferenciar cuidadosamente cierre total, cierre de planta, reducción de turnos, traslado de producción y despidos masivos.

Un dirigente sindical de la zona norte llegó a estimar que alrededor del 40 % de las maquilas habrían cesado operaciones. Esa afirmación, publicada en julio, debe considerarse una estimación sindical y no un registro oficial consolidado de la industria, pero revela la percepción existente entre trabajadores y dirigentes sobre el deterioro de algunos parques industriales de Choloma, Villanueva y San Manuel.

Los indicadores de actividad económica ayudan a comprender el contraste. El Banco Central de Honduras reportó que el IMAE acumuló un crecimiento de 3.3 % a mayo de 2026, con comercio creciendo 5.7 %, transporte y almacenamiento 7.2 % e intermediación financiera 11.9 %. Es decir, no puede hablarse técnicamente de una economía nacional paralizada. Hay sectores que crecen mientras determinadas empresas, actividades y territorios enfrentan fuertes dificultades.

Precisamente allí aparece una de las claves del fenómeno: el crecimiento económico no se distribuye uniformemente entre empresas, sectores ni regiones. Un indicador nacional puede avanzar mientras una pequeña tienda pierde clientes, un restaurante acumula pérdidas, una fábrica reduce turnos o una empresa de transporte suspende sus recorridos. La macroeconomía puede crecer y, simultáneamente, determinados segmentos de la microeconomía pueden estar contrayéndose.

La inseguridad

A los costos financieros y operativos se suma un factor que no aparece fácilmente en una hoja de balance: la extorsión. En julio, Transportes Lila anunció el cierre indefinido de sus operaciones entre Tegucigalpa y Marcala debido a amenazas relacionadas con extorsión e inseguridad. La decisión fue presentada como una medida para proteger la vida de sus trabajadores.

Otro ejemplo ocurrió en Colón con Cotraipbal, empresa que suspendió temporalmente sus operaciones después de recibir amenazas de extorsión. El paro dejó sin trabajar a unos 30 motoristas y ayudantes, mientras aproximadamente 14 unidades quedaron fuera de circulación. La empresa calculó pérdidas diarias de entre 50,000 y 60,000 lempiras debido al problema.

La extorsión tampoco se limita al transporte. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, al menos cinco centros educativos privados fueron identificados como establecimientos que cerraron o se trasladaron debido a este fenómeno. El sistema educativo privado pasó de 1,866 centros en 2025 a 1,832 en 2026, una reducción de 34 establecimientos, aunque las causas no son exclusivamente criminales: también intervienen problemas económicos y disminución de matrícula.

La inseguridad, por tanto, funciona como un impuesto paralelo. Un empresario puede pagar alquiler, salarios, electricidad, combustible, impuestos y financiamiento; pero si además debe incorporar costos de seguridad o enfrentar amenazas directas contra empleados y propietarios, el margen de rentabilidad se reduce todavía más. La consecuencia final puede ser el cierre, el traslado o el paso a la informalidad.

La energía eléctrica

Entre las causas señaladas repetidamente por los microempresarios aparece el costo de la electricidad y, especialmente, la interrupción del servicio. Para una tienda pequeña quizá un apagón represente unas horas sin ventas; para una panadería, restaurante, taller, salón de belleza, fábrica o negocio que depende de refrigeración, puede significar pérdida de producto, interrupción de producción y clientes que no regresan.

Efraín Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de la Micro, Pequeña Industria de Honduras (Anmpih) ha señalado precisamente los racionamientos y el precio de la energía como elementos que están presionando a los pequeños negocios. La preocupación adquiere relevancia en un país donde buena parte de los emprendimientos tiene escaso capital de respaldo y opera con márgenes reducidos.

La energía tampoco actúa sola. Cuando aumenta el costo eléctrico y simultáneamente suben combustibles, transporte, materias primas y alquileres, el empresario enfrenta una acumulación de pequeños golpes que termina produciendo un problema grande. En términos económicos, no es un solo shock: es una superposición de costos que deteriora progresivamente el margen de operación.

Crédito caro, ventas débiles y consumidores bajo presión

El financiamiento constituye otro componente de la ecuación. La Asociación Gastronómica ha señalado el peso de las tasas de interés sobre negocios que funcionan con préstamos. Si las ventas disminuyen mientras el costo financiero permanece elevado, una parte cada vez mayor de los ingresos debe destinarse a pagar deuda en lugar de comprar inventario, contratar personal o invertir.

Del otro lado está el consumidor. Un hogar que enfrenta mayores gastos en alimentos, transporte, servicios y otros bienes dispone de menos dinero para actividades consideradas prescindibles. Comer fuera de casa, comprar determinados productos o utilizar ciertos servicios puede convertirse en un gasto que se elimina cuando el presupuesto familiar se estrecha.

Así aparece un círculo difícil de romper: menos poder adquisitivo genera menos ventas; menos ventas reducen ingresos empresariales; costos elevados comprimen los márgenes; crédito caro dificulta refinanciar; y finalmente algunos negocios dejan de ser sostenibles. Esta cadena explica por qué atribuir todos los cierres únicamente a “la crisis económica” resulta insuficiente.

Formalidad, informalidad y una estadística que puede estar ocultando parte del fenómeno

Existe otro problema metodológico: Honduras tiene una enorme economía informal. Según datos obtenidos por EL REPORTERO HONDURAS, al cierre de 2025, había 915,222 cotizantes a la seguridad social frente a 4,075,415 personas ocupadas, lo que evidencia una brecha laboral muy grande entre empleo formal y ocupación total.

En ese contexto, miles de emprendimientos pueden desaparecer sin dejar una huella estadística equivalente a la de una empresa formal. Un vendedor que trabaja desde su casa, un pequeño comedor, una pulpería familiar o un taller que nunca completó todos los registros administrativos puede cerrar sin aparecer inmediatamente en las estadísticas del SAR. De ahí que las estimaciones gremiales intenten llenar un vacío que las estadísticas administrativas no pueden cubrir por sí solas.

El otro lado de la moneda: también nacen empresas

Sería igualmente incorrecto concluir que Honduras está viviendo un colapso generalizado del tejido empresarial. Hay negocios que desaparecen y otros que nacen. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) ha mantenido programas de emprendimiento durante 2026 y reportó iniciativas para impulsar nuevos negocios; además, datos previamente difundidos sobre el primer semestre mostraron una dinámica de creación empresarial en el Distrito Central.

El verdadero problema, entonces, no es encontrar una cifra espectacular y convertirla en el diagnóstico absoluto de Honduras. El desafío consiste en medir cuántas empresas nacen, cuántas mueren, cuántas reducen operaciones, cuántas se trasladan, cuántas pasan a la informalidad y cuántos empleos desaparecen en el proceso. Con la información disponible hasta septiembre de 2026, la evidencia permite afirmar que existe una presión significativa sobre determinados segmentos empresariales, pero no permite sostener responsablemente que 30,000 empresas hayan cerrado utilizando el mismo criterio estadístico del SAR. El dato más verificable es de 234 cierres formalizados hasta el 14 de agosto; las cifras de 6,000 y 30,000 son estimaciones gremiales que muestran la dimensión percibida del problema, no un censo nacional de cierres.

Los números que explican la controversia

Fuentes: SAR/BCH y organizaciones empresariales y gremiales citadas.

¿Qué está ocurriendo realmente?

La respuesta más rigurosa es: Honduras no está experimentando un único fenómeno de “cierre masivo de empresas”, sino una combinación de problemas que golpea con distinta intensidad a sectores y tamaños empresariales diferentes.

Hay una primera capa: costos de operación. Energía, combustible, alquileres, insumos, transporte y cargas municipales presionan los márgenes.

Una segunda: demanda debilitada en determinados sectores. Si las familias gastan menos, los restaurantes, comercios y servicios reciben el impacto.

Una tercera: financiamiento. El crédito puede convertirse en una carga cuando las ventas no crecen al ritmo necesario para pagar las obligaciones.

Una cuarta: inseguridad y extorsión, capaces de provocar directamente la suspensión de operaciones, como muestran los casos del transporte.

Una quinta: competitividad internacional. La maquila enfrenta decisiones globales de producción, costos laborales, logística y localización de plantas.

Y una sexta, quizás la más importante para entender las estadísticas: la informalidad. Una gran parte de la actividad económica hondureña ocurre fuera del universo empresarial que el Estado puede medir con precisión.

La paradoja hondureña de 2026

El dato más interesante de esta investigación no es, paradójicamente, el número más alto.

Es la coexistencia de dos realidades:

Honduras crece en términos macroeconómicos, pero determinados negocios están cerrando.

Eso significa que el debate económico no debería reducirse a si el PIB o el IMAE suben o bajan. También debería preguntarse qué empresas están capturando ese crecimiento, cuáles están quedando fuera, qué tamaño tienen, dónde están ubicadas y cuántos trabajadores dependen de ellas.

El cierre de una gran fábrica puede generar cientos o miles de desempleados de inmediato. El cierre de miles de pequeños negocios puede ser menos visible, pero producir una erosión silenciosa del ingreso familiar y del autoempleo.

Por eso, la cifra de 30,000 cierres debe tratarse como una advertencia gremial que requiere verificación estadística, no como un dato oficial. Y los 234 cierres del SAR deben entenderse como el piso documentado de un universo posiblemente mayor, no como el total de negocios que realmente dejaron de funcionar.

La pregunta de rigor que queda en el aire

¿Cuántas empresas hondureñas siguen realmente operando, cuántas cerraron sin notificarlo y cuántos empleos se perdieron en 2026?

Responderla requeriría cruzar los registros del SAR, IHSS, INE, BCH, Secretaría de Trabajo, cámaras de comercio, COHEP, AHM, asociaciones de Mipymes, municipalidades y gremios sectoriales, separando además los cierres definitivos de las suspensiones, reducciones de personal y traslados de operaciones.

Ese cruce permitiría construir por primera vez un balance nacional de supervivencia empresarial 2026, mucho más preciso que cualquier cifra aislada.