Tegucigalpa.— Honduras enfrenta una de las etapas más delicadas de su actual emergencia por sequía, con una presión que ya trasciende las zonas rurales y se hace sentir con particular intensidad en el Distrito Central. La situación fue expuesta por autoridades municipales y de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quienes reconocieron que el comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para establecer hasta dónde llegará la crisis hídrica.
El problema no se limita a la falta momentánea de precipitaciones. La ausencia prolongada de lluvias ha reducido progresivamente las reservas almacenadas y ha obligado a las autoridades a administrar cada vez con mayor cuidado el agua disponible. En Tegucigalpa y Comayagüela, el temor central es que los principales embalses continúen descendiendo hasta niveles que hagan inevitable una reducción adicional en la frecuencia del servicio.
La advertencia adquiere mayor dimensión porque la recuperación de las represas no depende de una lluvia aislada. Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), explicó que se necesitan precipitaciones suficientemente intensas, prolongadas y bien distribuidas sobre las cuencas que alimentan los embalses para producir una recuperación significativa.
Desde la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el alcalde Juan Diego Zelaya confirmó que la administración mantiene un plan de emergencia para enfrentar la escasez. Entre las medidas se encuentra la distribución gratuita de agua, la habilitación de pozos y el fortalecimiento de las fuentes alternativas para atender sectores donde la red convencional no logra cubrir las necesidades de las familias.
Según lo informado por el edil, la distribución mediante cisternas ya supera los 7 millones de galones de agua gratuita, mientras avanzan trabajos dirigidos a incorporar nuevos pozos al sistema. La estrategia busca reducir la presión sobre los embalses y llevar el recurso a colonias particularmente afectadas, entre ellas La Satélite, La Travesía, Zonal Belén, Los Almendros y sectores próximos al hospital Mario Mendoza.
Sin embargo, las autoridades municipales han querido dejar claro que la llegada de las lluvias no significará automáticamente el final de la emergencia. El agua que pueda caer durante septiembre y octubre tendrá que ser captada y almacenada para recuperar las reservas, porque los efectos de la sequía pueden prolongarse mucho más allá del momento en que comiencen las primeras precipitaciones.
La advertencia tiene una lectura especialmente preocupante para los capitalinos: aun cuando se registren lluvias en las próximas semanas, los racionamientos podrían mantenerse. La incertidumbre se extiende incluso hacia 2027, debido a que todavía no existe certeza sobre la evolución del fenómeno de El Niño y su influencia en el comportamiento de las precipitaciones.
Uno de los principales puntos de vigilancia es la represa La Concepción. De acuerdo con las autoridades municipales, el embalse se encuentra en una zona crítica y, si su nivel desciende hasta aproximadamente el 20 %, será necesario evaluar una modificación del esquema de distribución. El escenario planteado contempla que los períodos entre abastecimientos puedan pasar de nueve a 12 días.
Esa eventual ampliación tendría un impacto directo en miles de hogares del Distrito Central, especialmente en las zonas que dependen de los sistemas sometidos a mayor presión. Por ello, la municipalidad considera las primeras semanas de octubre como una fecha clave para evaluar el comportamiento de los embalses y determinar si las lluvias fueron suficientes para modificar las medidas de emergencia.
La información disponible de la propia AMDC muestra la dimensión estructural del problema. La municipalidad ha reconocido que Los Laureles y La Concepción constituyen fuentes fundamentales para el abastecimiento de la capital y que, sin lluvias suficientes, sus niveles pueden ingresar en rangos críticos. En una actualización publicada recientemente, la AMDC reportó alrededor de 40 % de almacenamiento en Los Laureles y cerca de 36 % en La Concepción, aunque la situación es dinámica y cambia con las extracciones y las precipitaciones.
La crisis también ha obligado a replantear el papel de las fuentes subterráneas. La perforación de pozos es considerada por las autoridades como una de las respuestas de mayor utilidad inmediata, particularmente para comunidades que no reciben agua de manera regular. La estrategia, no obstante, está planteada como complemento y no como sustituto definitivo de los grandes sistemas de almacenamiento.
En ese contexto aparece nuevamente la represa San José, una obra considerada estratégica para aumentar la disponibilidad de agua en la capital. La AMDC informó recientemente que el proyecto registraba un avance superior al 43 % después de su reactivación y que contempla una inversión aproximada de 1,600 millones de lempiras, con capacidad para beneficiar a más de 300 mil habitantes.
El alcalde Juan Diego Zelaya señaló que todavía se requieren alrededor de 1,500 millones de lempiras para concluir la obra y explicó que la reciente autorización del Congreso Nacional para que la municipalidad pueda emitir bonos busca aliviar la presión financiera de la comuna. Según sus cálculos, la operación permitiría reducir el pago mensual destinado al servicio de la deuda bancaria y liberar recursos para invertirlos en la infraestructura hídrica.
La explicación financiera revela otro de los problemas que acompañan la emergencia: construir nuevas fuentes de agua requiere inversiones millonarias y sostenidas. La crisis actual, por tanto, no puede solucionarse únicamente mediante camiones cisterna o pozos; demanda ampliar la capacidad de almacenamiento, rehabilitar las redes, reducir fugas y proteger las cuencas que alimentan el sistema.
De hecho, la capital ya cuenta con proyectos de inversión internacional destinados a mejorar la eficiencia de la red. La AMDC ha informado sobre financiamientos de organismos internacionales, entre ellos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la cooperación japonesa, orientados a reducir pérdidas, renovar infraestructura y fortalecer la distribución.
Mientras las autoridades intentan aumentar la oferta, otro problema empieza a generar preocupación: el precio del agua transportada en cisternas. Zelaya denunció incrementos que, según reportes recibidos por la municipalidad, llegan en determinados casos a cerca de 50 %, mientras que el precio de un barril habría pasado de unos 50 a 85 e incluso 100 lempiras en algunas colonias.
La municipalidad sostiene que el precio de llenado de una cisterna de 3,000 galones en los puntos de UMAPS permanece en 200 lempiras, equivalente, según la explicación brindada, a unos cinco centavos de lempira por galón. Ante las denuncias de posibles abusos, se habilitó un chatbot de WhatsApp mediante el cual los ciudadanos pueden enviar fotografías, ubicación y datos de los vehículos involucrados.
El objetivo de este mecanismo es documentar los casos y trasladarlos a las instituciones encargadas de la protección al consumidor. La municipalidad también pretende entregar un inventario de los camiones cisterna que cargan agua en los puntos autorizados, con el propósito de facilitar la supervisión de la cadena de distribución y detectar posibles irregularidades.
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo de la AMDC, resumió el desafío con una advertencia: la ciudad depende directamente de las condiciones meteorológicas. El funcionario explicó que el calendario de distribución fue ajustado con la expectativa de que las reservas permitan llegar a finales de septiembre o principios de octubre, mientras se aguardan lluvias más significativas.
La presión tampoco es exclusivamente urbana. A escala nacional, Copeco ha planteado una respuesta estructurada en cuatro grandes áreas: producción, asistencia humanitaria, acceso al agua y saneamiento, y salud. La intención es atender simultáneamente los efectos que la sequía está provocando sobre las familias, la agricultura, la ganadería y las condiciones sanitarias.
En el campo productivo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) concentra esfuerzos en las zonas de mayor vulnerabilidad. El Gobierno ha informado de inversiones para perforar pozos, instalar bombas solares y sistemas de riego por goteo, además de construir reservorios con geomembrana para almacenar el agua que pueda captarse durante la temporada lluviosa.
El ministro de Copeco, Reynaldo Sánchez, aseguró que en el plano nacional, ante este panorama se están planteando cuatro ejes: La parte productiva;asistencia humanitaria;acceso a agua y saneamiento y la parte de salud. Cada una de ellas con acciones muy claras.
La estrategia agrícola también incluye alimentos para el ganado y entrega de semillas y fertilizantes. Las autoridades han anunciado que el Programa de Incentivo a la Producción pretende beneficiar a decenas de miles de productores durante la postrera. En los últimos días, por ejemplo, se han entregado insumos a productores de Santa Elena, La Paz, y Tomalá, Lempira, entre otras zonas golpeadas por la sequía.
La emergencia, además, ha obligado a modificar la mirada sobre la producción agrícola. Ya no se trata únicamente de sembrar cuando tradicionalmente corresponde, sino de decidir dónde, cuándo y qué cultivar en función de la disponibilidad prevista de agua. La SAG mantiene programas de investigación de variedades de maíz, frijol, sorgo y ajonjolí con características de adaptación a condiciones climáticas adversas.
Para la denominada siembra de postrera, los técnicos han identificado cultivos de ciclo relativamente corto que pueden ser aprovechados en determinadas zonas del Corredor Seco, entre ellos frijol, maicillo y ajonjolí. Pero el éxito de esa estrategia dependerá de que las lluvias lleguen en el momento adecuado y con suficiente continuidad para permitir que las plantas completen su ciclo.
La dimensión nacional de la emergencia es considerable. El Gobierno informó que la declaratoria contempla 75 municipios en alerta roja, mientras otros permanecen bajo diferentes niveles de alerta; en una actualización gubernamental de agosto se indicó que 234 de los 298 municipios del país estaban bajo algún nivel de alerta por los efectos asociados a El Niño.
Esa distribución territorial explica por qué la respuesta oficial combina alimentos, agua, asistencia agrícola y atención sanitaria. Copeco ha advertido que las comunidades afectadas pueden enfrentar no solamente dificultades para obtener agua potable, sino también consecuencias indirectas relacionadas con la higiene, la alimentación y la aparición o incremento de enfermedades.
Quiñónez también alertó sobre riesgos sanitarios asociados a la crisis, particularmente enfermedades gastrointestinales. Cuando el acceso al agua se reduce, las familias pueden verse obligadas a almacenar el recurso durante períodos prolongados o recurrir a fuentes cuya calidad no siempre está garantizada, elevando la importancia de los filtros, la cloración y la vigilancia epidemiológica.
Francisco Argeñal, Director de Cenaos
En el terreno meteorológico, CENAOS sostiene que septiembre no debe interpretarse como un mes de lluvias abundantes desde su primer día. El escenario planteado por Argeñal contempla una recuperación gradual de las precipitaciones, con mayor cobertura después del 10 de septiembre. Las primeras lluvias podrían ser débiles y aisladas, mientras que los episodios más significativos dependerían de vaguadas y otros sistemas atmosféricos.
Para Tegucigalpa, las proyecciones citadas por el director de CENAOS apuntan a acumulados de aproximadamente 120 a 140 milímetros en septiembre y entre 160 y 180 milímetros en octubre. Pero el dato más importante no será únicamente cuánto llueva en la ciudad, sino dónde se produzcan esas precipitaciones: para recuperar La Concepción y otros embalses se necesita que las lluvias alcancen las cuencas de captación y no solamente el área urbana. CENAOS mantiene herramientas de monitoreo de precipitación, sequía y evolución de El Niño para dar seguimiento a este comportamiento.
El panorama deja así una conclusión contundente: Honduras no enfrenta solamente una crisis de agua para las próximas semanas, sino un desafío de seguridad hídrica que podría extenderse hacia 2027. Si las lluvias llegan con suficiente intensidad y se concentran sobre las cuencas, las reservas podrían recuperar parte de su capacidad; si son débiles, tardías o mal distribuidas, la presión aumentará sobre los embalses, los pozos, los productores y las familias. La emergencia obliga a tomar decisiones inmediatas, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿está Honduras construyendo suficiente infraestructura y capacidad de almacenamiento para enfrentar un clima cada vez más irregular? La respuesta determinará si la próxima sequía vuelve a encontrar al país dependiendo, principalmente, de que llueva.
