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Ofraneh denuncia 52 días de criminalización contra la comunidad garífuna de San Juan
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló este 27 de agosto un plantón frente a los Juzgados de Tela para exigir el cierre del proceso penal contra cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, detenidos tras el desalojo del 6 de julio. La organización sostiene que la persecución judicial desconoce los derechos territoriales reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por EL REPORTERO HONDURAS
Publicado en 27/08/2026 19:02
Honduras

TELA, ATLÁNTIDA, 27 DE AGOSTO DE 2026. Con una protesta frente a los tribunales de Tela, integrantes de OFRANEH elevaron nuevamente sus cuestionamientos al Estado hondureño por el proceso penal abierto contra cinco miembros de la comunidad garífuna de San Juan. La organización afirma que los detenidos fueron arrestados durante el operativo de desalojo ejecutado el pasado 6 de julio, cuando la comunidad ocupaba un área que considera parte de su territorio ancestral. Según OFRANEH, sus integrantes están siendo procesados por el delito de usurpación pese a reivindicar derechos territoriales que, sostiene, cuentan con protección internacional.

El conflicto tiene como antecedente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2023. En ese fallo, el tribunal internacional determinó que Honduras violó el derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Garífuna de San Juan, además de derechos relacionados con la participación en asuntos públicos y el acceso a la información. La Corte concluyó que el Estado no había cumplido adecuadamente con sus obligaciones de titular, delimitar y demarcar el territorio comunitario.

La dimensión del conflicto volvió a quedar expuesta el 6 de julio de 2026, cuando más de 200 policías participaron en el desalojo de un grupo de integrantes de la comunidad que había ocupado nueve manzanas de tierra que considera de su propiedad ancestral. El operativo terminó con la detención de cinco personas, quienes fueron acusadas de usurpación agravada, de acuerdo con reportes publicados sobre el caso. Desde entonces, la disputa territorial se trasladó también al ámbito judicial.

En su comunicado, OFRANEH exige ahora que los tribunales resuelvan las acciones y recursos presentados por la defensa y reclama el cierre definitivo del proceso penal contra los cinco miembros de San Juan. La organización cuestiona lo que considera una demora del Poder Judicial y demanda que las decisiones relacionadas con el territorio garífuna incorporen las obligaciones internacionales asumidas por Honduras, particularmente las derivadas de la sentencia de la Corte IDH.

El organismo interamericano, de hecho, mantiene el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. La propia Corte IDH registra actualmente este expediente entre los casos hondureños pendientes de cumplimiento, lo que evidencia que las obligaciones establecidas en la sentencia de 2023 continúan bajo seguimiento internacional.

La disputa no es nueva. La documentación de la Corte IDH señala que durante años la comunidad ha enfrentado problemas relacionados con la falta de titulación completa de sus tierras ancestrales, títulos otorgados a terceros, proyectos turísticos y otras situaciones que han afectado el uso y disfrute pacífico del territorio. El tribunal también examinó denuncias sobre amenazas, hostigamientos y violencia contra integrantes de la comunidad.

Mientras el proceso judicial continúa, OFRANEH afirma que mantendrá el Campamento de Resistencia “Por la Vida del Pueblo Garífuna” instalado frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa. La organización sostiene que no aceptará lo que califica como “falsos diálogos” mientras permanezcan los procesos penales contra sus compañeros y reclama el cumplimiento efectivo de las decisiones internacionales relacionadas con los derechos territoriales del pueblo garífuna.

El caso de San Juan vuelve así a colocar en el centro del debate nacional la protección de los territorios ancestrales, el cumplimiento de las sentencias internacionales y el tratamiento judicial de los conflictos por la tierra. Mientras OFRANEH exige el cierre de los procesos contra los cinco detenidos, las autoridades deberán garantizar que las actuaciones judiciales respeten las garantías del debido proceso y, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones internacionales que Honduras mantiene pendientes frente a la comunidad. La controversia continúa abierta tanto en los tribunales hondureños como en el ámbito de supervisión de la Corte IDH.

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