MADRID, ESPAÑA.— El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó para este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional con el objetivo de evaluar la situación en Ceuta, después de la crisis migratoria registrada a finales de julio. El encuentro se celebrará en el Palacio de la Moncloa antes del Consejo de Ministros, en el que podrían adoptarse nuevas medidas para afrontar las consecuencias de la llegada masiva de personas desde Marruecos.
La convocatoria se produce 26 días después del episodio que puso a la ciudad autónoma bajo una fuerte presión migratoria. El 30 de julio, decenas de miles de personas intentaron acceder a Ceuta desde Marruecos, en una jornada que las autoridades locales calificaron como una situación excepcional. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, llegó a estimar inicialmente en unos 60.000 los ingresos, mientras informes posteriores situaron la cifra por encima de 70.000.
El antecedente más cercano de una crisis de dimensiones similares se remonta a mayo de 2021, cuando entre 12.000 y 15.000 personas ingresaron en Ceuta en apenas dos días. Sin embargo, la magnitud del episodio de julio de 2026 fue considerablemente mayor y estuvo acompañada por graves consecuencias humanas: EFE informó entonces de decenas de fallecidos en aguas próximas a la ciudad y en territorio marroquí.
Mientras el Ejecutivo central aborda el problema desde la perspectiva de seguridad, migración y gestión humanitaria, las autoridades sanitarias han activado medidas preventivas. La Comisión de Salud Pública acordó inicialmente facilitar a Ceuta hasta 25.000 dosis, con 15.000 vacunas de triple vírica y otras 10.000 correspondientes a difteria-tétanos, varicela y polio, mediante un mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
Posteriormente, el Ministerio de Sanidad precisó que el dispositivo podría alcanzar 45.000 dosis en total: 15.000 de triple vírica, 10.000 contra difteria y tétanos, 10.000 contra la varicela y otras 10.000 contra la poliomielitis. El objetivo es atender necesidades extraordinarias de prevención tanto entre personas migrantes como entre residentes de Ceuta que no tengan completa su protección vacunal.
Sanidad, no obstante, ha subrayado que la situación no está considerada una emergencia de salud pública. La estrategia busca prevenir posibles brotes y garantizar una respuesta sanitaria adecuada, al tiempo que los especialistas señalan que las condiciones de alojamiento, higiene, hacinamiento y acceso rápido a atención médica son factores determinantes para reducir riesgos de transmisión de enfermedades.
La dimensión humanitaria continúa siendo uno de los principales desafíos. Según datos difundidos por el Gobierno español, hasta el momento se han identificado alrededor de 2.500 menores tras la entrada masiva y se trabaja en mecanismos para distribuir parte de esa población entre distintas comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo anunció una transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención de los menores y otras necesidades derivadas de la crisis.
Con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el Gobierno de Sánchez busca articular una respuesta integral a una crisis que combina seguridad fronteriza, inmigración, atención a menores, salud pública y relaciones con Marruecos. El episodio también ha abierto un fuerte enfrentamiento político interno sobre la gestión de la frontera y la respuesta del Ejecutivo, mientras Ceuta reclama mayores recursos y una actuación coordinada del Estado.
