NUEVA YORK, Estados Unidos.— La justicia federal estadounidense asestó un revés a una de las medidas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, al dejar sin efecto la suspensión de visas de inmigrante aplicada a ciudadanos de 75 países. La decisión fue emitida el viernes 21 de agosto por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York.
El fallo, contenido en una resolución de 61 páginas, determinó que la política implementada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió su autoridad legal y entró en conflicto con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La jueza cuestionó particularmente que la prohibición se aplicara de manera general según la nacionalidad, en lugar de que cada solicitud fuera evaluada individualmente por los funcionarios consulares.
La Administración Trump había defendido la suspensión argumentando que los inmigrantes procedentes de los países incluidos en la lista presentaban un elevado riesgo de convertirse en una “carga pública” para Estados Unidos, al considerar que podrían depender de programas de asistencia financiados con recursos públicos. Vargas rechazó ese fundamento como justificación suficiente para imponer una restricción generalizada.
La medida, que comenzó a aplicarse el 21 de enero de 2026, afectaba a naciones de América Latina, el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y los Balcanes. Entre los países incluidos figuraban Brasil, Colombia, Uruguay, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.
El proceso judicial fue promovido por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, solicitantes de visas y ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a familiares afectados por la suspensión. Los demandantes argumentaron que la política impedía el procesamiento de solicitudes sin considerar las circunstancias individuales de quienes cumplían los requisitos migratorios.
La decisión representa un nuevo enfrentamiento entre los tribunales federales y la política migratoria de la Administración Trump. El fallo permite reabrir el camino para el procesamiento de las solicitudes afectadas, aunque el Gobierno todavía podría recurrir la resolución. Hasta el momento, el Departamento de Estado no había emitido una reacción pública al dictamen.
