TEGUCIGALPA, Honduras.— El proceso judicial contra un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionado con las controvertidas elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 avanzó este jueves, luego de que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebrara la audiencia de declaración de imputado contra Joel Ramos García y le impusiera medidas cautelares.
Ramos García, quien se desempeñaba como coordinador del proyecto de transporte del CNE durante los comicios primarios, deberá enfrentar acusaciones por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones y fraude, todos en perjuicio de la Administración Pública. La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 2 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El expediente se remonta a los problemas registrados el día de las primarias, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se produjeron retrasos en la distribución de material electoral. El Ministerio Público sostiene que las irregularidades en la contratación y utilización del transporte contribuyeron al complejo escenario logístico que afectó la jornada.
Según la investigación fiscal, Ramos habría permitido que la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, sustituyera los camiones de carga contemplados en el contrato por autobuses. Para el Ministerio Público, esa modificación habría incumplido las condiciones establecidas originalmente por el órgano electoral y constituiría parte de las irregularidades investigadas.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la contratación del servicio para trasladar y retornar el material electoral. En marzo de 2025, la Fiscalía informó que había presentado un requerimiento por una supuesta contratación fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado calculado en 64,789,021.78 lempiras.
La controversia tuvo consecuencias inmediatas dentro del propio CNE. Días después de las elecciones primarias, el pleno del organismo electoral anunció la destitución de Ramos García de la coordinación del proyecto de transporte, tras los problemas registrados durante la distribución de las maletas electorales. Ramos había trabajado durante años en el Consejo.
La investigación fiscal también alcanzó a otros funcionarios y particulares relacionados con el proceso de contratación. En septiembre de 2025, el Ministerio Público informó que obtuvo auto de formal procesamiento contra dos exintegrantes de la Comisión Evaluadora del CNE y recordó que en el mismo expediente ya habían sido procesados otros funcionarios, mientras que Joel Ramos García y Carlos Salomón Fonseca Robles habían sido acusados por fraude.
El órgano acusador sostiene que las decisiones adoptadas en torno al servicio de transporte no fueron simples fallas administrativas, sino actuaciones que podrían tener relevancia penal. Será durante las siguientes etapas del proceso cuando la Fiscalía deberá acreditar sus señalamientos y la defensa podrá presentar sus argumentos y elementos de descargo.
Los retrasos del 9 de marzo de 2025 provocaron una fuerte controversia nacional. La distribución tardía de las maletas electorales en las ciudades con mayor carga electoral generó largas esperas y cuestionamientos sobre la planificación logística de las primarias, aunque el CNE finalmente logró completar el proceso y realizar la declaratoria correspondiente.
El expediente adquiere relevancia adicional porque las irregularidades electorales de 2025 han continuado siendo objeto de investigaciones y debates institucionales. En julio de 2026, las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall presentaron un informe sobre los acontecimientos que, según su valoración, afectaron el desarrollo del proceso electoral y remitieron documentación al Ministerio Público para su investigación.
Con la audiencia inicial prevista para septiembre, el caso entra ahora en una etapa en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustentan la acusación y la defensa tendrá oportunidad de controvertirlos. La decisión adoptada este jueves sobre las medidas cautelares no representa una declaración de culpabilidad, por lo que Ramos García mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
