TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Con su llegada a los tribunales capitalinos, Roosevelt Hernández enfrenta una nueva etapa del proceso penal iniciado a raíz de denuncias de periodistas que consideran que publicaciones difundidas desde un medio digital vinculado a las Fuerzas Armadas vulneraron derechos relacionados con la libertad de expresión y de prensa. La audiencia había sido programada inicialmente para el 7 de agosto, pero fue reprogramada para este 19 de agosto de 2026.

El expediente fiscal tiene como uno de sus principales antecedentes una publicación difundida el 26 de mayo de 2025, bajo el título “Sicarios de la verdad”, en la que fueron señalados los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. De acuerdo con la acusación, aquella edición incluyó además varias páginas de contenido crítico hacia los comunicadores, lo que posteriormente derivó en denuncias ante las autoridades.

La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó el 29 de julio el requerimiento fiscal contra Hernández. La acusación también menciona como afectado al periodista José Adán López y sostiene que las publicaciones investigadas pudieron generar una estigmatización que afectó la honra y reputación de los comunicadores, además de limitar el ejercicio de derechos vinculados con la libertad de prensa.

El caso ha provocado además pronunciamientos de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión. En los últimos días, el Ministerio Público anunció que verificaría denuncias sobre presuntas presiones o amenazas relacionadas con el juez que conoce la causa, mientras el propio togado negó haber recibido amenazas o presiones externas. La defensa de Hernández, por su parte, ha sostenido que el general retirado se someterá al proceso y ha pedido que se respeten el principio de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.

Durante la audiencia de declaración de imputado, el órgano jurisdiccional debe comunicar formalmente a Hernández los hechos y delitos que le atribuye la Fiscalía. El Ministerio Público había adelantado que solicitaría medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, por lo que la comparecencia constituye un paso procesal y no una declaración de culpabilidad.