El proceso de cierre de varias instituciones públicas hondureñas entró en su etapa final y podría quedar prácticamente concluido durante agosto, según informó Leonel Núñez, integrante de la Comisión de Liquidación. El funcionario estimó que los procedimientos bajo su responsabilidad presentan actualmente un avance de entre 95 % y 96 %, aunque algunos asuntos administrativos podrían extenderse hasta septiembre.
Entre las nueve entidades que forman parte del proceso se encuentran la Secretaría de Planificación, la Dirección General de Cinematografía y el Instituto de la Memoria Histórica, además de otros programas e instituciones. Núñez explicó que buena parte de las tareas pendientes ya fueron resueltas, incluyendo el traslado de bienes, la cancelación de obligaciones y la gestión de las prestaciones correspondientes a los trabajadores cesanteados.
Uno de los componentes de mayor impacto económico corresponde a las obligaciones laborales. Hasta ahora, la Comisión reporta aproximadamente 148 millones de lempiras desembolsados en prestaciones, mientras que el monto destinado al pago de acreedores supera los 180 millones de lempiras. Las cifras reflejan el costo financiero asociado al proceso de supresión de las instituciones.
Sin embargo, el cierre administrativo todavía enfrenta asuntos pendientes con antiguos empleados. 158 exempleados no han firmado sus respectivos finiquitos y algunos han recurrido a los tribunales para solicitar su reintegro. Núñez aclaró que la salida de estos trabajadores corresponde a procesos de cesantía derivados de la eliminación de las instituciones y no a despidos convencionales.
El proceso comenzó a tomar forma desde los primeros meses de 2026, cuando el Ejecutivo impulsó la supresión de distintas dependencias. En el caso de la Dirección General de Cinematografía, por ejemplo, el Portal Único de Transparencia señala que fue suprimida el 25 de febrero mediante el PCM-004-2026.
La Comisión de Liquidación también ha anticipado que el proceso de reorganización del aparato estatal podría continuar. Actualmente se realizan estudios y revisiones sobre otras secretarías, programas e instituciones para determinar si cumplen con la función social para la que fueron creados. Aquellas entidades que no justifiquen su permanencia podrían ser sometidas posteriormente a procesos de supresión.
Con la mayoría de las operaciones prácticamente terminadas, la atención se concentra ahora en resolver los casos laborales pendientes, completar trámites administrativos y cerrar las obligaciones financieras. De cumplirse las previsiones de la Comisión, agosto marcaría la conclusión de la mayor parte de las liquidaciones, aunque septiembre podría quedar como plazo para atender eventuales asuntos administrativos y financieros que todavía permanezcan abiertos.
