Tegucigalpa, 11 de agosto de 2026. La crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa profundizándose y ya representa una presión creciente para las finanzas públicas hondureñas. Un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante su iniciativa Potencia Honduras, estima que el déficit acumulado de la estatal alcanzó L11,187 millones entre enero y julio de 2026, debido a que los ingresos obtenidos por la venta de electricidad solamente cubren aproximadamente el 65 % de sus gastos totales.

El documento, denominado “El agujero que sigue creciendo: Urge un plan que sí funcione para reducir pérdidas de energía”, identifica las pérdidas eléctricas como el principal componente del problema financiero. Según el análisis, estas representaron L8,469 millones durante los primeros siete meses del año, equivalente al 65 % del déficit operativo recurrente de la empresa estatal, mientras Honduras mantiene niveles de pérdidas que rondan el 35 % de la energía distribuida.

El problema no termina en las cuentas de la ENEE, porque para mantener sus operaciones el Estado continúa recurriendo al financiamiento. De acuerdo con el informe, solamente durante 2026 se han colocado L10,250 millones en bonos para atender las necesidades financieras de la empresa. A ello se suma una deuda histórica atribuida a la estatal de L124,458 millones, monto que, según ASJ, aumentó aproximadamente L20,000 millones en un período de apenas 14 meses.

La presión sobre los recursos públicos también se refleja en los subsidios y transferencias realizados durante los últimos años. El informe estima que más de L46,000 millones provenientes de impuestos fueron destinados en los últimos cuatro años a transferencias y subsidios vinculados al sector eléctrico. Paralelamente, la calidad del servicio continúa generando preocupación: un estudio citado por especialistas señala que durante 2025 un usuario promedio acumuló aproximadamente 165.5 horas sin electricidad, equivalentes a casi siete días distribuidos en numerosas interrupciones.

Para Potencia Honduras, el historial de programas destinados a reducir las pérdidas evidencia que las intervenciones anteriores no consiguieron resolver el problema estructural. La extinta Empresa Energía Honduras (EEH) recibió, según el informe, L23,180 millones y terminó con pérdidas de 27.17 %, mientras el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), al que se asignaron L12,800 millones, concluyó con un nivel de pérdidas de 34.55 %. El análisis considera que estos resultados reflejan la necesidad de abandonar soluciones fragmentadas.

La dimensión técnica del problema está acompañada por factores relacionados con el fraude y la falta de medición adecuada. ASJ calcula que alrededor de L10,612 millones se pierden anualmente por causas no técnicas, entre ellas conexiones clandestinas, hurto de electricidad y manipulación de medidores. A esto se agrega la situación de más de 290,000 usuarios que todavía esperan la instalación de un contador y unas 350,000 familias cuyos consumos son facturados mediante promedios, según las cifras presentadas por la organización.

El informe plantea que una reducción focalizada de las pérdidas podría generar una recuperación significativa de recursos. Potencia Honduras estima que sería posible recuperar aproximadamente L3,401 millones anuales, equivalentes a unos L9.3 millones diarios, si se logra llevar las pérdidas al 15 % en los 20 circuitos considerados más problemáticos del país. De acuerdo con el diagnóstico, 14 de esos circuitos están ubicados en el Valle de Sula, una de las zonas con mayor concentración de pérdidas.

Más allá de las inversiones y los recursos financieros, la organización considera que el problema requiere una transformación de la administración del sistema eléctrico. Potencia Honduras sostiene que la reducción de pérdidas no será sostenible mientras persistan prácticas de gestión que privilegien criterios políticos sobre capacidades técnicas y reclama una despolitización de la ENEE, además del fortalecimiento de un ente regulador independiente que permita mejorar la supervisión y la rendición de cuentas.

El capítulo hondureño de Transparencia Internacional también planteó una serie de medidas ante la situación. Entre ellas figuran la conformación de un equipo técnico con experiencia e integridad comprobadas, supervisión independiente, liquidación transparente del PNRP, aplicación de sanciones frente al fraude eléctrico y la publicación de un nuevo plan que establezca una línea base, metas, indicadores verificables, responsables y mecanismos periódicos de rendición de cuentas.

La discusión sobre el futuro de la ENEE trasciende, por tanto, el ámbito estrictamente energético y alcanza directamente las finanzas del Estado y la calidad de vida de los ciudadanos. Mientras la empresa continúa necesitando recursos públicos para cubrir sus obligaciones, Honduras enfrenta simultáneamente pérdidas elevadas y problemas de continuidad del servicio. Para ASJ y Potencia Honduras, cada recurso utilizado para cubrir las consecuencias de una gestión ineficiente representa dinero que deja de estar disponible para otras prioridades públicas como educación, salud, medicamentos y seguridad.