La agencia estadounidense de inmigración y control fronterizo ICE pretende incorporar un nuevo dispositivo a su equipamiento operativo: guantes capaces de generar descargas eléctricas cuando entran en contacto con la piel de una persona. La adquisición podría alcanzar los 20 millones de dólares, según documentos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El equipo es conocido como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter. El DHS lo describe formalmente como un dispositivo de “distracción conductiva y desescalada”, destinado a agentes de las divisiones de Investigaciones de Seguridad Nacional y Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE.
A diferencia de un arma eléctrica convencional que debe llevarse como un dispositivo separado, el sistema está integrado en un guante aparentemente normal. De acuerdo con la información disponible sobre el producto, el agente puede activar la descarga mediante un botón y utilizarla para provocar dolor y alterar temporalmente la coordinación muscular de la persona que está siendo sometida.
El fabricante y las autoridades estadounidenses presentan el dispositivo como una alternativa destinada a reducir la necesidad de recurrir a niveles mayores de fuerza. La Casa Blanca, a través del llamado zar fronterizo Tom Homan, defendió la iniciativa argumentando que podría constituir una opción menos peligrosa que el uso de fuerza potencialmente letal en situaciones de resistencia.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de los derechos civiles. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó que agentes migratorios dispongan de una herramienta oculta capaz de provocar dolor y advirtió que su utilización podría incrementar los riesgos de abuso y dificultar la rendición de cuentas.
La controversia adquiere mayor dimensión por el contexto en el que ICE pretende incorporar los guantes. La agencia se encuentra en el centro de un intenso debate sobre sus métodos de detención y deportación durante la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, mientras organizaciones civiles denuncian un aumento de las operaciones y del uso de la fuerza.
Los documentos gubernamentales señalan que ICE contempla gastar entre 10 y 20 millones de dólares en estos dispositivos. El volumen de la posible adquisición apunta a que la intención sería distribuirlos ampliamente entre los agentes que realizan operaciones en el terreno, aunque todavía se deben establecer protocolos específicos para su utilización.
El funcionamiento del dispositivo también está sujeto a determinadas condiciones. La información del fabricante indica que los guantes necesitan contacto directo con la piel para producir el efecto previsto y que su eficacia disminuye cuando existe ropa o cabello entre el dispositivo y la persona. Además, el manual establece restricciones para determinadas poblaciones vulnerables.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver precisamente con los límites de uso. Expertos y organizaciones de derechos humanos consideran fundamental determinar en qué circunstancias un agente podría activar una descarga, cuánto tiempo podría mantenerla y qué mecanismos existirían para investigar eventuales abusos. La discusión se vuelve especialmente relevante debido a que el dispositivo puede ser menos visible que otras armas de control.
Existe además un antecedente que alimenta las preocupaciones. Una demanda pendiente relacionada con un centro penitenciario de Kentucky sostiene que un hombre de 43 años murió en 2024 después de recibir múltiples descargas con guantes eléctricos y posteriormente con un Taser. La demanda alega que algunas de las descargas de los guantes superaron ampliamente el tiempo recomendado por el fabricante; se trata, no obstante, de alegaciones que forman parte de un litigio aún pendiente.
El DHS sostiene que ICE evalúa permanentemente las herramientas que necesitan sus agentes para efectuar arrestos y deportaciones de manera segura y afirma que sus funcionarios reciben capacitación en técnicas de desescalada y uso de la fuerza. La agencia asegura además que cualquier tecnología incorporada debe ajustarse a las políticas y estándares aplicables a las fuerzas del orden.
La polémica coincide con otro cambio dentro de ICE: la agencia pretende que todos sus agentes y funcionarios de campo dispongan de cámaras corporales hacia finales de agosto. Para las autoridades, esa medida contribuirá a aumentar la transparencia; para los críticos, la combinación de nuevas herramientas de fuerza y mecanismos de supervisión será determinante para evaluar cómo se desarrollarán las operaciones migratorias en los próximos meses.
