NEWARK, Nueva Jersey, 7 de agosto de 2026.– La situación del centro de detención migratoria Delaney Hall, administrado por la empresa privada GEO Group y utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entró este viernes en una nueva etapa de escrutinio, luego de que la Fiscalía General de Nueva Jersey anunciara una investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles.
La División de Derechos Civiles de la Fiscalía comenzó formalmente las diligencias mediante el envío de las primeras citaciones dirigidas a obtener información sobre el funcionamiento del establecimiento. El objetivo será establecer si alguna acción u omisión atribuible a trabajadores de GEO Group pudo vulnerar los derechos de las personas recluidas.
El anuncio llega después de tres muertes de inmigrantes en Delaney Hall en menos de un año, un antecedente que ha incrementado las críticas sobre la seguridad y las condiciones dentro de la instalación. Uno de los casos más recientes corresponde a Edwin López-Cornejo, un salvadoreño que falleció el 1 de agosto después de sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia.
La muerte de López-Cornejo ha generado cuestionamientos particularmente relacionados con la atención sanitaria. Su familia sostiene que el detenido, quien padecía diabetes, hipertensión y problemas convulsivos, había expresado preocupación por el acceso a sus medicamentos antes de ser trasladado a un hospital, donde murió. ICE, por su parte, ha sostenido que recibió atención médica durante su permanencia bajo custodia.
Las denuncias contra Delaney Hall no son nuevas. Durante mayo y junio, alrededor de 300 detenidos participaron en una huelga de hambre y laboral para protestar por lo que describieron como alimentos en mal estado, falta de atención médica, hacinamiento y otras condiciones deficientes. El movimiento terminó después de varias semanas, mientras organizaciones defensoras de los inmigrantes denunciaron posibles represalias y traslados de internos.
El conflicto también provocó una disputa institucional entre Nueva Jersey y GEO Group. En junio, la fiscal general Jennifer Davenport y el Departamento de Salud estatal demandaron a la empresa después de que inspectores estatales no obtuvieran acceso completo al centro para realizar una inspección. El gobierno estatal argumentó que necesitaba verificar posibles riesgos para la salud y seguridad de los detenidos y del personal.
Davenport ha defendido que las personas privadas de libertad, incluso cuando permanecen bajo custodia en instalaciones administradas por compañías privadas, conservan derechos fundamentales. La investigación buscará precisamente determinar si las actuaciones del operador pudieron constituir vulneraciones, mientras que las autoridades federales han rechazado las acusaciones de falta de atención y sostienen que ICE proporciona asistencia médica a los detenidos.
El caso de Delaney Hall se inserta además en un debate nacional sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos. Human Rights Watch contabilizó 52 muertes bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, y señaló que la tasa de mortalidad registrada durante ese período alcanzó niveles elevados en comparación con años anteriores. La investigación de Nueva Jersey deberá ahora determinar si en Delaney Hall existieron responsabilidades concretas y si las condiciones denunciadas contribuyeron a vulnerar los derechos de los detenidos.
