La embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cossette López, se pronunció este miércoles sobre los juicios políticos desarrollados recientemente por el Congreso Nacional, defendiendo la legalidad del procedimiento y asegurando que este se llevó a cabo respetando las garantías establecidas para ese tipo de procesos.

Durante sus declaraciones, López dejó claro que no emitiría una opinión sobre la decisión política adoptada por el Legislativo, ya que, según explicó, corresponde exclusivamente al Congreso Nacional ejercer esa facultad constitucional. Sin embargo, sí consideró oportuno referirse a la conducta de algunos de los funcionarios involucrados.

La diplomática señaló que varios de los exfuncionarios sometidos a juicio político habrían aprovechado las atribuciones de sus cargos para promover intereses de carácter partidario, situación que, a su criterio, comprometió la imparcialidad que debe prevalecer en el ejercicio de la función pública.

En ese contexto, mencionó los casos de Mario Morazán, Marlon Ochoa y Johel Zelaya, quienes fueron objeto de procedimientos políticos impulsados por el Congreso. López explicó que la destitución derivada de un juicio político constituye una decisión administrativa y política del Poder Legislativo, distinta de un proceso judicial de naturaleza penal.

Asimismo, comparó este mecanismo con los procedimientos que enfrentan otros servidores públicos cuando concluyen sus funciones dentro de una institución, indicando que el juicio político no busca determinar responsabilidades penales, sino establecer si un funcionario debe continuar o no en el ejercicio de su cargo.

La representante hondureña también reveló que fue afectada personalmente por decisiones que atribuyó a algunos de los funcionarios posteriormente sometidos a juicio político. Aunque evitó pronunciarse sobre las pruebas presentadas durante esos procesos, sostuvo que experimentó acciones que calificó como ilegales y contrarias al orden democrático.

López agregó que el uso de instituciones públicas para favorecer proyectos políticos representa un riesgo para la democracia y debilita la confianza ciudadana en el Estado. En ese sentido, enfatizó que quienes desempeñan funciones públicas deben actuar con independencia, objetividad y estricto apego a la ley.

El juicio político es un mecanismo contemplado en la legislación hondureña para exigir responsabilidades políticas a determinados altos funcionarios cuando se considera que han incumplido sus deberes constitucionales. Su aplicación corresponde al Congreso Nacional y sus efectos son independientes de cualquier investigación que puedan desarrollar los órganos de justicia.

Las declaraciones de la embajadora se producen en medio del debate nacional sobre los recientes juicios políticos y sus implicaciones para la institucionalidad del país. Mientras algunos sectores consideran que estos procedimientos fortalecen los mecanismos de control democrático, otros mantienen cuestionamientos sobre su alcance y aplicación.

Con sus declaraciones, Cossette López reiteró que el respeto al debido proceso debe prevalecer en cualquier actuación del Estado y sostuvo que la defensa de la institucionalidad democrática exige que los servidores públicos ejerzan sus funciones con neutralidad, sin utilizar el poder que les confiere el cargo para favorecer intereses político-partidarios.