La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que fortalecerá su participación en el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández con la presentación de nuevos elementos probatorios durante la audiencia inicial programada para el 12 de agosto, en el marco del caso en el que enfrenta acusaciones por presunto lavado de activos y fraude en perjuicio del Estado hondureño.
El procurador general, Dagoberto Aspra, informó que durante la audiencia más reciente comparecieron tres representantes de la PGR adscritos a la coordinación del área penal, quienes solicitaron al órgano jurisdiccional mantener la medida de detención judicial contra el exgobernante. Según explicó, la petición se fundamenta en la posibilidad de que exista riesgo de contaminación o alteración de fuentes de prueba relevantes para el desarrollo del proceso.
Aspra también denunció públicamente que, durante esa comparecencia, Juan Orlando Hernández habría lanzado amenazas contra los representantes de la Procuraduría. Asimismo, respondió a las declaraciones del exmandatario en las que se le señaló de mantener cercanía con la estructura criminal de Los Cachiros, afirmando que fue Hernández quien apareció vinculado a esa organización durante el juicio federal desarrollado en Nueva York. Cabe recordar que el expresidente fue condenado en Estados Unidos en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas, tras un proceso en el que declararon varios narcotraficantes confesos.
En declaraciones brindadas a HCH Matutino, el procurador reiteró que el requerimiento fiscal sostiene que Hernández habría desviado aproximadamente 62 millones de lempiras de recursos públicos hacia fundaciones que, según la acusación, fueron utilizadas para financiar actividades políticas y de campaña. Aspra aseguró que únicamente ha coincidido en dos ocasiones con el exmandatario y rechazó categóricamente cualquier vínculo con organizaciones criminales. Además, expresó que no teme a Hernández y cuestionó lo que considera una actuación favorable del Ministerio Público hacia el exjefe de Estado.
Las declaraciones cruzadas entre ambas figuras han generado diversas reacciones en el ámbito político y entre la ciudadanía. Mientras el proceso judicial continúa su curso y serán los tribunales los encargados de valorar las pruebas y determinar responsabilidades, persiste un clima de escepticismo en algunos sectores de la población, que observan este tipo de confrontaciones públicas con cautela debido a experiencias políticas del pasado. No obstante, esas apreciaciones corresponden a opiniones presentes en parte de la sociedad y no constituyen hechos demostrados.
