La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) anunció este jueves que mantiene una estrategia para combatir el uso de mototaxis por parte de organizaciones criminales, al tiempo que descartó que el asesinato de un conductor del transporte urbano, registrado el miércoles en Comayagüela, esté relacionado con el delito de extorsión. Las autoridades sostienen que las investigaciones apuntan hacia la participación de estructuras delictivas dedicadas a otros ilícitos.
El director de la unidad, Daniel Molina, informó que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar y procesar a todos los involucrados en el homicidio del conductor de bus. Durante sus declaraciones también destacó la coordinación entre la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 911, la cual permitió ubicar y capturar rápidamente a los presuntos responsables mediante el seguimiento realizado con cámaras de videovigilancia.
Molina señaló que, aunque el caso generó indignación entre la ciudadanía por la aparente falta de auxilio inmediato por parte de algunos transeúntes hacia la víctima, también es importante reconocer la respuesta operativa de las autoridades, que lograron reunir indicios para fortalecer el proceso investigativo y sustentar los requerimientos fiscales correspondientes.
Respecto al fenómeno de la extorsión, el funcionario explicó que uno de los principales retos continúa siendo la falta de control sobre el sistema de transporte público, especialmente en el servicio de mototaxis. Según indicó, la dispersión administrativa y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión dificultan conocer quiénes operan realmente muchas de las unidades que circulan en la capital.
El titular de la DAET afirmó que numerosos propietarios desconocen incluso la identidad de las personas que conducen sus vehículos, una situación que, a criterio de la DAET, facilita la infiltración de integrantes del crimen organizado. En ese sentido, aseguró que existe un elevado porcentaje de mototaxis vinculadas con estructuras criminales, por lo que consideró necesario retirarlas de circulación para reducir ese riesgo.
Molina agregó que muchas de estas unidades operan sin autorización del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), lo que representa un problema adicional para las autoridades. Explicó que actualmente la DAET mantiene conversaciones con las autoridades del sector transporte para definir una estrategia conjunta que permita ordenar la actividad y fortalecer los controles sobre este tipo de servicio.
Entre las alternativas planteadas, mencionó la necesidad de avanzar hacia un sistema más organizado y centralizado del transporte urbano, con registros claros de propietarios y conductores, lo que permitiría mejorar la supervisión estatal y dificultar el accionar de organizaciones criminales que utilizan este rubro para cometer diversos delitos.
Sobre el asesinato del conductor de bus ocurrido en Comayagüela, Molina fue enfático al señalar que, hasta el momento, las investigaciones no han encontrado elementos que permitan relacionar el crimen con el cobro de extorsión. Indicó que los indicios recopilados apuntan a un conflicto vinculado con estructuras criminales, por lo que la investigación corresponde directamente a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El funcionario policial añadió que, aunque la investigación principal está a cargo de la DPI, personal de la DAET colaboró en el operativo que culminó con la captura de los sospechosos, trabajando de manera coordinada con agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 2 (UMEP-2) y otras dependencias policiales.
La extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Honduras, afectando especialmente a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios. En los últimos años, las autoridades han reforzado operaciones de inteligencia, capturas y controles para debilitar a las organizaciones dedicadas a este delito, mientras impulsan acciones para recuperar el control sobre sectores del transporte que, según las investigaciones, han sido utilizados por redes criminales para facilitar actividades ilícitas.
