La justicia hondureña dio un nuevo paso en el proceso judicial derivado de la Operación Jaguar, luego de que un juzgado dictara auto de formal procesamiento contra seis personas acusadas de integrar la estructura criminal conocida como "Los Domínguez", señalada por el delito de lavado de activos y presuntos nexos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La resolución fue obtenida por la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con el Ministerio Público (MP), como resultado de una investigación financiera desarrollada por la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), considerada una de las más complejas ejecutadas recientemente contra organizaciones dedicadas al crimen organizado en Honduras.
De acuerdo con la información oficial, las pesquisas se extendieron durante aproximadamente 14 meses y permitieron reconstruir el movimiento financiero de la organización, detectando un esquema mediante el cual se habría conformado un patrimonio superior a los 420 millones de lempiras, cuya procedencia, según las autoridades, estaría ligada a recursos obtenidos de actividades ilícitas.
Los investigadores sostienen que la estructura operaba bajo un modelo de organización familiar, utilizando empresas legalmente constituidas para introducir al sistema financiero dinero presuntamente proveniente del narcotráfico. Este mecanismo habría permitido ocultar el verdadero origen de los fondos y facilitar la adquisición de bienes de alto valor.
Como parte de la Operación Jaguar, las autoridades ejecutaron órdenes de captura y aseguraron más de 220 bienes inscritos a nombre de integrantes del grupo investigado y de personas relacionadas con el núcleo familiar. El objetivo de estas medidas fue impedir la disposición de activos que, según la investigación, habrían sido adquiridos con capitales de origen ilícito.
Entre los bienes asegurados figuran funerarias, abarroterías, tecnicentros, negocios de lavado de vehículos, viviendas ubicadas en sectores residenciales, vehículos de carga pesada, automóviles de lujo y otros activos que reflejarían un crecimiento patrimonial que, de acuerdo con los investigadores, no guarda relación con ingresos económicos legalmente comprobables.
Tras celebrar la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió imponer la medida de prisión preventiva a Francisco Andrés Oseguera Domínguez, de 40 años, señalado por la Fiscalía como supuesto cabecilla de la organización. Según las autoridades, el imputado ya había cumplido anteriormente una condena por delitos relacionados con el narcotráfico.
La misma medida cautelar fue dictada contra Yesli Marbella López, de 30 años; Nimia Eliceth Domínguez, de 58; Fabiola Eliceth Martínez Domínguez, de 31; y Hernán Antonio Suárez Castillo, de 39 años, quienes fueron remitidos al centro penitenciario nacional ubicado en Támara mientras continúa el proceso judicial.
Por su parte, Yosselin Hibeth Álvarez Reyes, de 26 años, recibió medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. El tribunal ordenó que permanezca bajo arresto domiciliario mientras avanza la causa penal en su contra.
El Ministerio Público sostiene que la estructura investigada utilizó diversas sociedades mercantiles como empresas fachada para simular actividades comerciales legítimas y dar apariencia legal a recursos que, presuntamente, provenían del crimen organizado. Estas operaciones financieras constituyen uno de los principales elementos probatorios incorporados al expediente.
La investigación también documenta movimientos bancarios, adquisición de inmuebles, inversiones y operaciones comerciales que serán analizadas durante las siguientes etapas del proceso judicial. Las autoridades buscan determinar la participación individual de cada uno de los imputados dentro del supuesto esquema de lavado de activos.
El aseguramiento de los bienes representa, según las autoridades hondureñas, uno de los mayores golpes patrimoniales contra una organización criminal en los últimos años. La estrategia busca debilitar la capacidad económica de estas estructuras y evitar que continúen financiando actividades ilícitas mediante recursos obtenidos de forma ilegal.
La Operación Jaguar forma parte de las acciones impulsadas por los organismos de investigación para atacar las finanzas del crimen organizado, una estrategia que ha cobrado mayor relevancia en Honduras al enfocarse no solo en capturar a los presuntos responsables, sino también en afectar el patrimonio construido mediante actividades delictivas.
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Las autoridades reiteraron que el combate al lavado de activos constituye una herramienta esencial para enfrentar las organizaciones criminales, ya que limita su capacidad logística, reduce sus posibilidades de expansión y dificulta el financiamiento de nuevas operaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos conexos.
Con el auto de formal procesamiento ya emitido, el expediente continuará avanzando en los tribunales competentes, donde el Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios que sustentan la acusación. Mientras tanto, cinco de los imputados permanecerán en prisión preventiva y una de las acusadas continuará bajo arresto domiciliario, en espera de las siguientes etapas del proceso penal.
