La Policía Nacional de Honduras ejecutó este miércoles la Operación Jaguar, un amplio despliegue policial y fiscal que culminó con la desarticulación de la presunta estructura criminal denominada "Los Domínguez", señalada por las autoridades de operar una red dedicada al lavado de activos mediante empresas de fachada y la ocultación de recursos provenientes de actividades ilícitas.
La operación fue coordinada por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), a través de la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF), tras una investigación patrimonial y financiera que se prolongó durante catorce meses. De acuerdo con las pesquisas, la organización habría construido un complejo entramado empresarial para introducir dinero de presunto origen ilegal al sistema financiero nacional.
Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en los departamentos de Choluteca, San Marcos de Colón y Valle, donde equipos especializados ejecutaron allanamientos, órdenes de captura y medidas de aseguramiento patrimonial, con el respaldo del Ministerio Público y unidades especializadas en inteligencia e investigación criminal.
En las acciones participaron efectivos de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), fortaleciendo la coordinación interinstitucional contra las estructuras delictivas.
Como resultado del operativo, las autoridades realizaron siete allanamientos con órdenes de captura, de los cuales seis fueron efectivos. Paralelamente, iniciaron el aseguramiento de un patrimonio integrado por 228 bienes cuyo valor preliminar supera los 420 millones de lempiras, cifra que convierte esta intervención en uno de los golpes financieros más importantes contra el crimen organizado registrados en los últimos años en el país.
Entre los bienes asegurados figuran 113 bienes muebles, 14 inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, incluyendo cuentas bancarias, certificados de depósito e inversiones. Las investigaciones sostienen que estos activos habrían sido utilizados para ocultar y administrar recursos vinculados a actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico.
Asimismo, las autoridades intervinieron diversos negocios que, presuntamente, funcionaban como empresas de fachada para legitimar capitales. Entre ellos se encuentran funerarias, abarroterías, tecnicentros, autolavados, viviendas en zonas residenciales, vehículos de carga, automóviles de alta gama y otros activos de elevado valor económico que formarían parte del esquema financiero de la organización.
Durante los allanamientos también fueron decomisados importantes elementos de prueba, entre ellos dinero en efectivo, joyas, tarjetas bancarias, documentación financiera, registros contables y otros indicios que serán incorporados al proceso investigativo para fortalecer los expedientes relacionados con el movimiento de los recursos bajo investigación.
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Como parte de la operación fueron capturados Francisco Andrés Oseguera Domínguez, identificado por las autoridades como el presunto cabecilla de la estructura; Yesli Marbella López; Nimia Eliceth Domínguez; Fabiola Eliceth Martínez Domínguez; Hernán Antonio Suárez Castillo y Yosselin Hibeth Álvarez Reyes. Según la Policía Nacional, la organización operaba bajo un esquema familiar que facilitaba la administración de empresas y el movimiento de fondos para dificultar el rastreo del dinero.
Las autoridades destacaron que la Operación Jaguar representa una estrategia enfocada en debilitar la capacidad financiera de las organizaciones criminales, al considerar que afectar su patrimonio es una de las herramientas más efectivas para combatir el crimen organizado. La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan abiertas y no descarta nuevas capturas, aseguramientos de bienes y requerimientos fiscales conforme avance el análisis de la evidencia financiera recopilada durante el caso.
