La seguridad jurídica en el campo hondureño se convirtió nuevamente en tema central del debate nacional luego de que el Congreso Nacional aprobara de manera definitiva la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, una iniciativa orientada a enfrentar la creciente conflictividad agraria y fortalecer la protección de las actividades productivas.

La normativa fue respaldada tras varios días de discusión en el Poder Legislativo, donde diputados de distintas bancadas expusieron posiciones encontradas sobre el alcance de la ley, especialmente en lo relacionado con los derechos de los campesinos, la propiedad privada y las inversiones agroindustriales.

Durante la presentación del proyecto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el país ha experimentado un incremento sostenido de invasiones de tierras productivas durante los últimos años, situación que, a su juicio, ha generado incertidumbre para inversionistas y productores.

El titular del Legislativo sostuvo que la falta de acciones efectivas para contener las ocupaciones ilegales de terrenos provocó pérdidas económicas, reducción de inversiones y afectaciones al empleo, especialmente en regiones donde la actividad agrícola constituye el principal motor de desarrollo económico.

Zambrano denunció además que durante la administración anterior existieron políticas que, según señaló, favorecieron indirectamente las invasiones mediante la inacción institucional, la falta de cumplimiento de órdenes judiciales de desalojo y la ausencia de respuestas oportunas a denuncias presentadas por propietarios afectados.

El parlamentario destacó que departamentos con alta producción agrícola, entre ellos Valle, han sido especialmente golpeados por la ocupación de fincas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, melón, okra, palma africana y otros rubros de exportación que generan miles de empleos directos e indirectos.

Uno de los aspectos más debatidos fue el alcance de la ley respecto a la reforma agraria. Zambrano aseguró que el nuevo marco legal no elimina ni limita los procesos de adjudicación de tierras contemplados en la legislación agraria hondureña, siempre que estos se desarrollen mediante los procedimientos establecidos por el Estado.

Según explicó, el Congreso mantiene su respaldo a la entrega de tierras ociosas a campesinos mediante mecanismos administrados por el Instituto Nacional Agrario, pero enfatizó que la legislación busca impedir ocupaciones de terrenos que ya se encuentran en producción y generan actividad económica.

El decreto, integrado por nueve artículos, declara como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, incluyendo tierras cultivadas, infraestructura productiva, cadenas logísticas, centros de procesamiento, transporte de mercancías y proyectos vinculados a la transformación de materias primas agrícolas.

Asimismo, establece que las tierras destinadas a la producción agroindustrial serán consideradas inafectables y no podrán ser objeto de ocupaciones, tomas o invasiones. La ley también señala expresamente que ninguna autoridad administrativa podrá reconocer o legitimar acciones de ocupación material sobre este tipo de propiedades.

Uno de los artículos más relevantes dispone que el Ministerio Público, la Policía Nacional de Honduras y demás autoridades competentes tendrán la obligación de actuar de manera inmediata ante denuncias relacionadas con usurpaciones, bloqueos o cualquier acción que afecte la actividad agroindustrial.

Durante el debate legislativo, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, presentó modificaciones al texto original. Entre ellas se incluyó una disposición que ordena proceder con desalojos cuando existan invasiones de empresas o unidades productivas cuyos ocupantes no cuenten con respaldo judicial que avale su permanencia.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, solicitó incorporar garantías para los territorios indígenas y tribales reconocidos legalmente. La propuesta establece que las disposiciones de la ley no podrán aplicarse en dichos territorios sin respetar los mecanismos de consulta previa contemplados en el Organización Internacional del Trabajo y la Constitución hondureña.

La iniciativa recibió además aportes orientados a fortalecer la protección ambiental. El diputado liberal Roberto Pineda Chacón planteó incluir medidas contra invasiones derivadas de la expansión agrícola y ganadera en áreas protegidas, entre ellas el Lago de Yojoa, parques nacionales y zonas de interés turístico. Las observaciones fueron aceptadas por la comisión dictaminadora.

No obstante, la aprobación del decreto también encontró resistencia dentro del pleno. Los diputados de Libre Hugo Noé Pino y Rafael Sarmiento cuestionaron la iniciativa al considerar que favorece principalmente a grandes grupos empresariales y no resuelve las causas históricas de los conflictos agrarios. Ambos legisladores sostuvieron que el problema requiere soluciones integrales que incluyan acceso a la tierra, desarrollo rural y atención a comunidades afectadas por disputas territoriales.

La aprobación de esta ley ocurre en un contexto marcado por años de conflictos agrarios y denuncias de ocupaciones de tierras productivas. Diversos informes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada han señalado que las invasiones representan uno de los principales factores de riesgo para la inversión agrícola en Honduras. Con la entrada en vigor de la nueva normativa, el Congreso busca enviar una señal de respaldo a la producción nacional, mientras continúa abierto el debate sobre el equilibrio entre la seguridad jurídica, la reforma agraria y los derechos de las comunidades rurales.