La investigación por la desaparición de más de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) continúa generando nuevas acciones judiciales. En las últimas horas, un juzgado con competencia nacional resolvió otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva a ocho empleados y exempleados de la entidad financiera estatal señalados por el Ministerio Público.

Los imputados son investigados por la presunta comisión del delito de malversación imprudente de caudales públicos, figura penal que sanciona conductas relacionadas con el incumplimiento de deberes de vigilancia, custodia o administración de recursos estatales. La acusación forma parte de una nueva línea investigativa derivada del expediente principal contra la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez.

Como parte de las medidas impuestas por el tribunal, los acusados deberán presentarse periódicamente a firmar cada quince días ante la autoridad judicial correspondiente. Asimismo, se les ordenó rendir una caución económica, aunque el monto específico de la fianza no fue divulgado públicamente durante la audiencia.

El Ministerio Público sostiene que las responsabilidades atribuidas a los funcionarios y exfuncionarios del BCH están relacionadas con fallas en los mecanismos de control y custodia de fondos que permanecían resguardados en las bóvedas de la institución bancaria en San Pedro Sula.

La causa judicial tiene su origen en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años en Honduras. Según las investigaciones, más de 88.8 millones de lempiras que se encontraban bajo resguardo oficial fueron retirados de manera irregular mediante diversas operaciones realizadas entre los años investigados.

Recientemente, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpable a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez por varios delitos relacionados con la sustracción de esos recursos, entre ellos lavado de activos, uso de información privilegiada, falsificación de documentos públicos y delitos vinculados a la manipulación de documentación oficial.

De acuerdo con la acusación fiscal, los fondos sustraídos estaban vinculados a diferentes procesos investigativos y permanecían bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Honduras. Las autoridades sostienen que el dinero correspondía a recursos asegurados en causas relacionadas con actividades ilícitas y que debían permanecer bajo estrictos protocolos de seguridad.

Las pesquisas también permitieron identificar un presunto incremento patrimonial injustificado de la exfiscal. El Ministerio Público señaló durante el juicio que entre 2019 y 2023 la exfuncionaria adquirió bienes, vehículos y otros activos cuyo valor superaba ampliamente los ingresos reportados oficialmente durante ese período.

La nueva acusación contra empleados y exempleados del BCH busca determinar si existieron omisiones, negligencias o incumplimientos en los controles internos que facilitaron la salida irregular de los fondos. Para los investigadores, la revisión de procedimientos de custodia resulta clave para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.

Información preliminar divulgada por distintos medios indica que el requerimiento fiscal fue presentado inicialmente contra once funcionarios y exfuncionarios, aunque durante las audiencias algunos de los señalados recibieron resoluciones diferenciadas conforme avanzó el proceso judicial.

Mientras tanto, la defensa de los imputados ha sostenido que sus representados no participaron en la sustracción de dinero y que las actuaciones atribuidas corresponden a funciones administrativas sujetas a procedimientos institucionales establecidos. Será en las siguientes etapas procesales donde se evacuarán los medios de prueba ofrecidos por ambas partes.

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales y del Ministerio Público, que mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la cadena de custodia de los fondos desaparecidos. La resolución final podría determinar si existieron responsabilidades adicionales dentro de la estructura operativa encargada de resguardar recursos bajo control estatal.